La falta de energía obliga a las empresas a reducir producción o asumir el costo de la generación de emergencia.
La nueva respuesta del Gobierno ante la fragilidad del sistema eléctrico ecuatoriano vuelve a colocar el peso de la crisis sobre quienes producen, trabajan y consumen. Pedir a las grandes industrias que se desconecten de la red una jornada por semana o que instalen generación propia puede aliviar temporalmente la demanda, pero no sustituye la obligación estatal de garantizar un suministro confiable.
La medida alcanza a empresas de alto voltaje y busca reducir alrededor de 3.100 megavatios hora de consumo. Vista desde una oficina pública, puede parecer una solución rápida. Vista desde una fábrica, significa líneas detenidas, turnos reorganizados, menor producción y nuevos gastos en generadores, combustible, mantenimiento y personal técnico.
El costo no desaparece: cambia de bolsillo
Cuando una empresa debe producir su propia electricidad, el costo de la crisis no se esfuma. Se incorpora a cada proceso productivo y, tarde o temprano, llega al precio final. Lo termina pagando la familia que compra alimentos, materiales de construcción, medicinas, ropa o cualquier otro bien elaborado en el país.
El problema tiene además una dimensión de competitividad. Estimaciones del sector señalan que instalar generación de emergencia puede demandar al menos USD 500.000 por megavatio y varios meses de implementación. No todas las empresas disponen del mismo capital, acceso a crédito o capacidad técnica. Una obligación uniforme favorece a quienes tienen más recursos y deja en desventaja a industrias medianas, proveedores y negocios vinculados a sus cadenas de producción.
También existe una contradicción ambiental y económica: sustituir electricidad de la red por generadores que consumen diésel encarece la producción, aumenta la dependencia de combustibles y eleva las emisiones. La autogeneración renovable debe ser promovida con reglas claras, financiamiento e incentivos; no impuesta como salida de emergencia frente a la falta de capacidad pública.
La planificación no puede delegarse
Ecuador conoce desde hace años su vulnerabilidad frente a los estiajes y su excesiva dependencia de la generación hidroeléctrica. Después de la dura crisis de 2024, el país debió acelerar proyectos firmes de generación, recuperar de manera verificable el parque termoeléctrico, fortalecer la transmisión y facilitar inversión privada con procesos transparentes y oportunos.
Sin embargo, cada nueva temporada seca vuelve a encontrar al sistema bajo presión. Mientras las soluciones estructurales avanzan con lentitud, la responsabilidad se desplaza: primero hacia el ciudadano, obligado a reorganizar su vida alrededor de los cortes; ahora hacia la empresa, obligada a convertirse en generadora para poder seguir produciendo.
No se trata de rechazar la participación privada. Ecuador necesita inversión empresarial en energía solar, eólica, biomasa, gas y otras fuentes. Pero esa participación debe complementar una política energética nacional, no reemplazarla. El Gobierno debe presentar un cronograma público y verificable de nueva capacidad, contratos, costos, fechas de entrada en operación y responsables.
Sin energía no hay crecimiento
Cada hora de producción perdida reduce ingresos, afecta empleos y debilita la capacidad del país para competir. Cada dólar adicional gastado en generación de emergencia termina presionando precios en una economía donde los hogares ya cuidan cada centavo.
La crisis eléctrica no puede administrarse repartiendo obligaciones mientras se posterga la solución de fondo. El Estado debe asumir su responsabilidad de planificar, ejecutar y rendir cuentas. Las empresas y los ciudadanos pueden ser parte de la respuesta, pero no deben convertirse en los financiadores silenciosos de una ausencia prolongada de previsión.
Editorial de Periodismo Ecuador. Los datos citados se basan en información del Ministerio de Ambiente y Energía, CENACE y reportes del sector productivo publicados en septiembre de 2026.
David Lema Burgos
Acerca del autor
