Usted gana, presidente
La decisión de Gisella Bayona de abandonar el periodismo no puede reducirse a una disputa personal con el presidente Daniel Noboa. Tampoco debería interpretarse como un episodio más dentro de la confrontación cotidiana que se libra en redes sociales. Cuando una periodista con una extensa trayectoria anuncia que deja su profesión porque considera que continuar podría poner en riesgo a su familia, estamos frente a una señal que el país no puede ignorar.
Bayona hizo pública su decisión el 2 de septiembre de 2026, después de una campaña digital que incluyó acusaciones contra ella, su esposo y una empresa vinculada con su entorno familiar. Los señalamientos surgieron tras unas declaraciones del presidente Noboa, quien, sin mencionar inicialmente su nombre, habló de una periodista supuestamente relacionada con proveedores del sector de la salud y de su pareja como parte de presuntas estructuras de corrupción.
Las acusaciones deben investigarse, por supuesto. Nadie está por encima del escrutinio ni puede utilizar la condición de periodista como escudo frente a una posible irregularidad. Pero una investigación responsable comienza con documentos, instituciones competentes, derecho a la defensa y pruebas verificables. No con insinuaciones pronunciadas desde la máxima autoridad del Estado y seguidas por una avalancha de publicaciones que convierten una sospecha en condena.
Fundamedios señaló que, después de las declaraciones presidenciales, medios y cuentas afines al Gobierno difundieron acusaciones no verificadas contra Bayona y su familia. La organización calificó lo ocurrido como una campaña de desprestigio que incrementó los riesgos para la seguridad y reputación de la periodista. La verificación realizada por Lupa Media también encontró afirmaciones sin sustento suficiente y diferencias importantes entre lo dicho públicamente y los documentos disponibles. Fundamedios, Lupa Media
El caso de Bayona no aparece en el vacío. Durante 2025, Fundamedios documentó 231 agresiones contra la libertad de expresión, 114 de ellas atribuidas a agentes estatales. Entre enero y junio de 2026 se registraron otras 100 agresiones: una cada 1,8 días. El Estado fue identificado como responsable del 46% de esos casos y casi nueve de cada diez afectaron a personas o instituciones dedicadas a producir y difundir información de interés público. Informe anual 2025, Informe semestral 2026
Los ataques no han tenido una sola forma. Se han registrado agresiones físicas durante coberturas, amenazas, procesos judiciales, discursos estigmatizantes, restricciones de acceso a información pública, cierres o suspensiones de medios comunitarios, ataques digitales, suplantaciones de identidad, eliminación de contenidos y posibles represalias administrativas, tributarias y migratorias.
Durante el paro nacional de septiembre y octubre de 2025, por ejemplo, se documentaron 55 agresiones contra periodistas, medios y organizaciones sociales. De ellas, 37 fueron atribuidas a agentes estatales, principalmente integrantes de la Policía Nacional. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH también expresó su preocupación por asesinatos, amenazas, agresiones, suspensiones de medios, ataques digitales y el posible uso de mecanismos administrativos como represalia. Fundamedios, RELE
El problema actual quizá sea más complejo que la censura tradicional. Ya no siempre hace falta cerrar un medio por decreto, confiscar sus equipos o prohibir directamente una publicación. En un ecosistema mediático económicamente frágil, existen formas más silenciosas de presión: retirar publicidad, cerrar oportunidades laborales, promover campañas que destruyan la reputación de una persona, investigar selectivamente sus relaciones económicas o advertir a empresarios que relacionarse con determinada voz crítica puede traer consecuencias.
No toda pérdida de empleo ni toda investigación constituye persecución. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas. Sin embargo, cuando esos acontecimientos coinciden reiteradamente con posiciones críticas, declaraciones oficiales estigmatizantes y campañas coordinadas, el Estado tiene la obligación democrática de aclarar lo sucedido, no de aprovecharse del miedo que producen.
También resulta legítimo preguntar cómo se distribuye la publicidad oficial. Para 2026, la Presidencia contempló un nuevo contrato de USD 6 millones para difusión de mensajes y campañas gubernamentales. La pauta estatal debe asignarse bajo criterios públicos, técnicos y transparentes; nunca convertirse en un premio para los medios complacientes o en un castigo económico para los incómodos. Primicias
Esta no es una defensa automática de todos los periodistas. La prensa ecuatoriana también debe revisar sus errores, conflictos de interés, relaciones con el poder, falta de rigurosidad y silencios convenientes. Un carné de prensa no convierte a nadie en intocable. Pero los cuestionamientos al periodismo deben responderse con información, transparencia y más periodismo; no utilizando la enorme capacidad comunicacional, institucional y económica del Estado para colocar a una persona en situación de indefensión.
La crítica no es enemiga de un Gobierno. Puede ser incómoda, injusta e incluso equivocada, pero también permite detectar errores antes de que se conviertan en crisis. Un gobernante que escucha únicamente elogios termina tomando decisiones dentro de una realidad fabricada por quienes temen contradecirlo.
Daniel Noboa ha construido una identidad política vinculada con la renovación, la firmeza y la ruptura con viejas prácticas. Precisamente por eso debería comprender que reproducir métodos de hostigamiento asociados con etapas autoritarias terminará erosionando aquello que su Gobierno todavía conserva: legitimidad, expectativa ciudadana y capacidad para diferenciarse de sus adversarios.
La salida de Gisella Bayona no representa una victoria del Gobierno. Tampoco prueba por sí sola que todas las acusaciones en su contra sean falsas. Representa algo mucho más preocupante: una periodista que considera que ejercer su profesión ya no vale el riesgo que enfrenta su familia.
Cuando el miedo consigue retirar una voz del espacio público, el silencio que queda no pertenece únicamente a esa periodista. Nos pertenece a todos.
Un Gobierno puede ganar una discusión intimidando a quien lo cuestiona. Pero si pierde la capacidad de escuchar, reconocer errores y convivir con la crítica, terminará dando la razón a sus opositores y perdiendo mucho más que una batalla comunicacional: perderá la confianza del país.
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