TCE aplaza decisión sobre sanción contra Verónica Abad

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) postergó la audiencia en la que debía resolver la apelación presentada por la vicepresidenta Verónica Abad, contra la sentencia que suspendió sus derechos políticos por dos años y le impuso una multa de USD 14.100. Esta sanción fue el resultado de una denuncia realizada por la canciller Gabriela Sommerfeld por violencia política de género. 

La sesión que estaba prevista para el 21 de marzo de 2025, no se instaló debido a que el juez Richard González solicitó más tiempo para revisar el caso. La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, propuso reprogramar la sesión para el lunes 24 de marzo, pero la nueva fecha quedó sujeta a consenso entre los jueces.  

Mientras tanto, la sentencia de primera instancia no se ejecuta, lo que mantiene en suspenso la situación legal de Abad, quien se encuentra en Turquía tras ser designada como consejera en la Embajada de Ecuador en ese país. 

Denuncia por prevaricato y acusaciones de persecución

Horas antes de la fallida audiencia, la vicepresidenta anunció que presentó una denuncia por prevaricato contra el juez Guillermo Ortega, quien sustancia su caso. Según Abad, la suspensión de sus derechos políticos es inconstitucional, ya que la Carta Magna establece que solo la Asamblea Nacional puede destituir a un presidente o vicepresidente. 

Adicionalmente, su equipo legal solicitó al TCE elevar el caso a la Corte Constitucional argumentando que la aplicación del artículo 279 del Código de la Democracia en este contexto es contraria a la Constitución. 

A través de redes sociales, Abad acusó al Gobierno de intentar impedir que asuma la Presidencia en caso de que el presidente Daniel Noboa pida licencia por la campaña electoral. “El Gobierno busca ‘alternativas’ para mi destitución una vez más. Todas ilegales e ilegítimas”, afirmó, asegurando que hay jueces electorales involucrados en una persecución política. 

La resolución del Pleno del TCE será de última instancia, lo que marcará un punto crucial en la disputa política entre Abad y el Gobierno de Noboa. 

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