La eliminación del subsidio al diésel, defendida como “técnicamente indispensable” por el Ministerio de Economía y Finanzas, terminó encendiendo la chispa de un nuevo paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Lo que para el Gobierno es una medida para ahorrar USD 1.200 millones anuales y “consolidar la sostenibilidad fiscal”, para miles de ciudadanos significa incertidumbre, vías cerradas y negocios paralizados.
Melissa Loor, docente de la UIDE campus Guayaquil, explicó que la eliminación de subsidios busca optimizar el gasto público y fomentar un consumo más racional de energía. Pero la abrupta aplicación, sin compensaciones suficientes, dejó al descubierto lo que ya sabíamos: Ecuador carece de un mecanismo efectivo de diálogo territorial. Y en esa grieta histórica se cocina una crisis que golpea tanto a indígenas como a comerciantes, transportistas y consumidores urbanos.
¿Cuánto cuesta parar el país?
El recuerdo del paro de octubre de 2019 es inevitable. En apenas 11 días se registraron pérdidas de USD 1.600 millones, el 1,5% del PIB anual. Los sectores más afectados fueron:
- Comercio interno: caída del 60% al 80% en ventas diarias en las principales ciudades.
- Exportaciones agrícolas y petroleras: bloqueos que interrumpieron los envíos de banano, camarón, flores y petróleo.
- Turismo y servicios: hoteles, restaurantes y transporte turístico se quedaron con cancelaciones en cascada.
- Productividad laboral: contracción del 30% en horas trabajadas, sobre todo en empleos informales.
Si el actual paro sigue el mismo guion, las pérdidas podrían volver a bordear los USD 1.500 millones o más, dependiendo de cuántos días dure, de cuántas carreteras queden bloqueadas y de cómo reaccione el Gobierno.
No es solo el diésel
El fondo del conflicto va más allá de un subsidio. Periodismo Ecuador recuerda que la protesta indígena es la expresión de una deuda histórica: desigualdad territorial, falta de acceso a servicios básicos, y una desconexión entre el diseño de políticas públicas y las realidades socioeconómicas rurales.
La paradoja es que el Estado busca ahorrar para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, pero en el corto plazo el costo político y económico de un paro nacional amenaza con salir mucho más caro.
