El proceso para adjudicar el contrato de mantenimiento del Metro de Quito vuelve a generar cuestionamientos. Esta vez, por la participación de una empresa que registra antecedentes de sanciones en contratación pública fuera del país.
Se trata de Constructora Gallo Meda S.A. de C.V., una de las compañías que forman parte del proceso para el mantenimiento del sistema ferroviario capitalino, un contrato clave para la operación del metro y que alcanza decenas de millones de dólares.
Antecedentes documentados
De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de la Función Pública de México, la empresa aparece en directorios de proveedores sancionados en al menos dos periodos distintos.
Un registro actualizado al 18 de octubre de 2018 ya incluye a la compañía dentro del listado de contratistas sancionados . Posteriormente, en un segundo documento actualizado al 25 de junio de 2019, la empresa continúa figurando en este mismo tipo de registros oficiales .
La presencia en ambos documentos sugiere que no se trató de un caso aislado o puntual, sino de un antecedente sostenido dentro del sistema de contratación pública mexicano.
Aunque los registros confirman que la empresa fue sancionada en el pasado, los documentos revisados no permiten determinar si dichas sanciones continúan vigentes en la actualidad. Tampoco se detallan en estos anexos las causas específicas de las sanciones ni su estado actual, lo que abre un margen de incertidumbre sobre la situación legal vigente de la compañía.
El proceso en cuestión no es menor. El mantenimiento del Metro de Quito implica la operación técnica de infraestructura, sistemas electromecánicos y vías férreas, es decir, componentes críticos para el funcionamiento del principal sistema de transporte de la ciudad.
En ese contexto, la participación de empresas con antecedentes en contratación pública genera preguntas sobre los filtros aplicados en la etapa de evaluación.
En redes sociales, el tema ha sido amplificado con tonos políticos y afirmaciones categóricas. Sin embargo, el análisis de documentos muestra una realidad más compleja:
- Sí existen antecedentes de sanciones documentadas
- No hay evidencia en estos registros de una inhabilitación vigente
- El proceso aún se encuentra en fase de evaluación
Más allá del nombre de una empresa, el foco debería estar en el proceso.
¿Qué criterios está utilizando la comisión técnica para calificar a los oferentes?
¿Cómo se ponderan los antecedentes frente a la capacidad operativa y técnica?
En contratos de esta magnitud, la discusión no es menor. Porque cualquier decisión no solo impacta en la gestión administrativa, sino en la operación diaria de un sistema que moviliza a miles de quiteños.
