Daniel Noboa enfrenta denuncia por presunta infracción electoral

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) realizó este jueves 1 de mayo la audiencia pública para tratar una denuncia en contra del presidente Daniel Noboa por presunta infracción electoral grave. La queja fue presentada por el movimiento Unidad Popular y el Partido Social Cristiano (PSC), sin embargo, este último desistió del proceso y fue declarado en abandono por el juez del caso, Joaquín Viteri. 

La denuncia gira en torno a la participación del mandatario en un acto político realizado el 5 de enero de 2025, día en que comenzó la campaña para la primera vuelta electoral. Según el Código de la Democracia, los funcionarios públicos que optan por una candidatura deben solicitar licencia para hacer campaña, lo cual, según los denunciantes, Noboa no hizo. 

Ese día, el presidente apareció junto a sus ministros en el balcón de Carondelet ante simpatizantes del movimiento ADN reunidos en la Plaza Grande de Quito. Durante su discurso, dijo frases como “en cinco semanas venceremos” y pidió respaldo para tener una Asamblea que apoye los proyectos del Ejecutivo, lo que, según el abogado de Unidad Popular, Luis Cueva, constituye una inducción al voto desde el ejercicio del poder. 

La parte denunciante presentó como pruebas recortes de prensa y videos publicados en redes sociales, aunque no logró incorporar el testimonio de su dirigente Geovanni Atarihuana por no solicitarlo previamente. Cueva pidió al juez sancionar al presidente conforme al artículo 278 del Código de la Democracia, que contempla multas, destitución y/o suspensión de derechos políticos por infracciones graves. 

En defensa del presidente, sus abogados pidieron que el proceso sea archivado por falta de pruebas y de sustento jurídico. Alegaron que no se ha demostrado que Noboa haya inducido al voto y criticaron que la acusación se base únicamente en publicaciones mediáticas. 

La causa ahora queda en manos del juez Viteri, quien deberá emitir un fallo en primera instancia. La resolución podrá ser apelada ante el pleno del TCE. 

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