Lo que pretendía ser un viaje por Semana Santa terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de victimización política protagonizado por Diego Borja, exbinomio vicepresidencial de la Revolución Ciudadana. El también exministro de Estado denunció en un comunicado público que fue “retenido arbitrariamente” por funcionarios migratorios ecuatorianos en el Puente Internacional de Rumichaca. Sin embargo, la versión oficial del Ministerio del Interior desmonta cualquier narrativa de persecución y confirma que el procedimiento fue parte de los protocolos regulares de verificación de identidad, y que Borja abandonó el control migratorio por decisión propia, dejando incluso su documentación en el lugar.

La situación se da en medio de una clara estrategia de desinformación promovida por sectores políticos de izquierda, que tras su derrota en las últimas elecciones, han optado por sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral. A pesar de que todos los organismos internacionales han avalado la transparencia y legalidad del proceso electoral ecuatoriano, la Revolución Ciudadana ha intentado posicionar un discurso de “fraude”, sin pruebas claras ni sustento jurídico.

El comunicado de Borja: un relato ensayado

En su extenso comunicado, Borja afirma que fue víctima de un intento de detención sin orden judicial, y señala que su “única falta” ha sido defender un proyecto político de justicia social y soberanía. Sin embargo, su intento por construir un relato de persecución parece encajar perfectamente en una narrativa ya utilizada en el pasado por actores de la misma línea ideológica, en un intento por deslegitimar a las instituciones democráticas cuando el resultado no les favorece.

La versión oficial: sin irregularidades

El Ministerio del Interior fue claro: el ciudadano se presentó al punto de control migratorio cubriendo su rostro con gorra y mascarilla, por lo cual se le solicitó identificarse correctamente. Lejos de colaborar, decidió retirarse intempestivamente del lugar, abandonando su documentación sin culminar el trámite. No existió ninguna orden de detención ni vulneración de derechos.

“Los procesos de control migratorio se realizan conforme a la normativa vigente, garantizando los derechos de la ciudadanía”, dice el comunicado oficial, desmintiendo cualquier irregularidad.

¿Quién desestabiliza a quién?

Desde Periodismo Ecuador, nos hacemos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿no es acaso más peligroso que quienes pierden en las urnas intenten desacreditar sistemáticamente el funcionamiento de las instituciones? La confusión sembrada por figuras como Borja responde más a una estrategia política de desgaste que a hechos reales.

Ecuador ha vivido unas elecciones con observación internacional, participación masiva y resultados claros. Negar esa realidad sin fundamentos, y trasladar cada situación personal al plano de la supuesta persecución, solo debilita la democracia y alimenta la polarización.

Este no es un caso de derechos vulnerados, sino de discursos diseñados para confundir a la ciudadanía.