El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó este 24 de marzo la suspensión de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad, por un periodo de dos años. La decisión, tomada con tres votos a favor y dos en contra, también incluye una multa de 14.100 dólares y la obligación de ofrecer disculpas públicas a la canciller Gabriela Sommerfeld.
La sanción se deriva de una denuncia presentada en octubre de 2023 por Sommerfeld, quien acusó a Abad de violencia política de género tras cuestionar públicamente la decisión del gobierno de asignarle funciones diplomáticas en Israel. Según el tribunal, las declaraciones de la vicepresidenta socavaron la participación de las mujeres en la política y reforzaron estereotipos de género.
Durante la audiencia, la defensa de Abad argumentó que el proceso tenía irregularidades, como una notificación inadecuada. Sin embargo, la mayoría del pleno del TCE, compuesto por los jueces Joaquín Viteri, Ángel Torres e Ivonne Coloma, respaldó la sanción, mientas que Fernando Muñoz y Richard González votaron en contra al considerar que no existían pruebas suficientes para justificar la medida.
Reacciones y posibles acciones legales
Abad reaccionó a la sentencia a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó en que la suspensión de sus derechos políticos no equivale a su destitución.
“Si están pensando destituirme con este mecanismo ilegal mediático están muy mal. Primero, si me retiran los derechos políticos estos no son «retroactivos», este cargo fue dado por los ecuatorianos en el 2023… Una sanción del TCE no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta, y hacerlo sería un fraude constitucional”, señaló.
!ATENCIÓN! 🇪🇨
— Verónica Abad (@veroniabad) March 24, 2025
Si estan pensando destituirme con este mecanismo ilegal mediático están muy mal.
Primero, si me retiran los derechos políticos estos no son "retroactivos", este cargo fue dado por los ecuatorianos en el 2023, a ver si nos ponemos serios algunos medios de…
El abogado de la vicepresidenta, Damián Armijos, rechazó la resolución, calificándola de «abuso de poder» y acusando al tribunal de actuar en beneficio del gobierno de Daniel Noboa.
Ahora evalúan llevar el caso a la Corte Constitucional para cuestionar la legalidad de la sentencia y el Código de la Democracia. También podría acudir a instancias internacionales, como ha mencionado en ocasiones anteriores.
