Un juez de la Unidad Judicial Valdivia, en Guayaquil, negó el pedido de sustitución de prisión preventiva para los militares procesados por la presunta desaparición forzada de cuatro menores en el sector de Las Malvinas. Con esta decisión, los 16 uniformados continuarán detenidos en la cárcel Regional Cotopaxi mientras avanza la investigación.
La audiencia, realizada el 21 de marzo de 2025, pretendía que los militares enfrentarán a la justicia en libertad. Sin embargo, el juez determinó que no existían fundamentos suficientes para modificar la medida cautelar.
Este es el segundo intento de los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) para salir de prisión. El pasado 20 de febrero, la Corte Provincial de Justicia del Guayas ya había ratificado en segunda instancia la prisión preventiva de los 16 uniformados.
El caso y la investigación
La investigación del caso Las Malvinas comenzó el 9 de diciembre de 2024, tras la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas. Según los reportes, un niño y tres adolescentes, de entre 11 y 15 años, fueron aprehendidos por militares cerca de un centro comercial en el sur de Guayaquil. Posteriormente, fueron subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas y trasladados hasta la parroquia Taura, en Naranjal, donde los uniformados afirman haberlos liberado. Sin embargo, días después de no tener señales de su paradero, se encontraron sus cuerpos calcinados cerca de la base militar de Taura.
Inicialmente, el caso fue manejado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), pero el 22 de diciembre pasó a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.
En la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo el 31 de diciembre de 2024, el juez ordenó 90 días de instrucción fiscal, por lo que esta fase concluiría a finales de marzo de 2025. Como parte de las diligencias, entre el 16 y 17 de marzo se realizó la reconstrucción de los hechos, un procedimiento que duró más de 10 horas y en el que participaron los militares procesados, trasladados desde Latacunga.
El caso continúa en investigación mientras familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos exigen que se haga justicia.
