Destrucción del patrimonio de Quito sin control
La reciente destrucción de una casa patrimonial en el barrio La Floresta no puede considerarse un episodio aislado. El caso vuelve a encender las alarmas sobre la pérdida progresiva de edificaciones históricas en Quito y sobre la capacidad real del Municipio para impedir intervenciones clandestinas, abandono y demoliciones ilegales.
La vivienda afectada formaba parte del patrimonio arquitectónico de un sector reconocido por sus construcciones tradicionales. Sin embargo, la intervención avanzó sin que los controles municipales lograran evitar el daño. Ahora se anuncian investigaciones y posibles sanciones, pero una multa o un expediente administrativo difícilmente podrán devolverle a la ciudad los elementos arquitectónicos destruidos.
El problema revela un modelo de control principalmente reactivo: las autoridades aparecen después de una denuncia vecinal, cuando las paredes han sido derribadas, las cubiertas retiradas o la estructura ya sufrió daños irreversibles. En marzo de 2025, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Control suspendió trabajos en otra casa patrimonial de La Floresta, ubicada en las calles Coruña y Lugo, pero lo hizo después de recibir una alerta ciudadana sobre la presunta afectación del inmueble.
La pregunta que queda abierta es por qué la protección de bienes que forman parte de la memoria de Quito depende tantas veces de que un vecino observe una irregularidad, la fotografíe y la denuncie.
Un deterioro que ocurre a plena vista
La pérdida del patrimonio no se produce únicamente mediante demoliciones. También ocurre lentamente, entre filtraciones, cubiertas destruidas, humedad, vegetación, paredes agrietadas y años de abandono.
En Quito existen miles de inmuebles inventariados. La propia Alcaldía señaló en 2024 que la ordenanza patrimonial beneficiaría a 7.846 edificaciones. Durante la discusión de esa normativa, la concejala Sandra Hidalgo reconoció que un número importante de estos bienes se estaba deteriorando debido a una administración inadecuada.
La responsabilidad del mantenimiento recae inicialmente en los propietarios, pero el Municipio tiene competencias de planificación, vigilancia, protección y control. No basta, por tanto, con recordarles a los dueños sus obligaciones. La ciudad necesita inspecciones periódicas, seguimiento de los inmuebles en riesgo y actuaciones preventivas antes de que el deterioro sea utilizado como argumento para justificar una demolición.
La legislación municipal contempla autorizaciones, incentivos, asesoramiento técnico y sanciones. El Instituto Metropolitano de Patrimonio también ofrece programas de apoyo para recuperar propiedades privadas. No obstante, el alcance de esas acciones resulta limitado frente a la dimensión del inventario: según información municipal, durante 2025 solamente seis inmuebles patrimoniales privados fueron recuperados mediante sus programas de inversión.
La administración municipal ha informado además sobre intervenciones en inmuebles emblemáticos y una inversión cercana al millón de dólares en determinados programas de conservación. Esas actuaciones existen y deben reconocerse, pero no desvirtúan el problema de fondo: continúan apareciendo propiedades abandonadas o destruidas y los controles, en numerosos casos, llegan cuando el daño ya está hecho.
Sancionar después no significa proteger
Las autoridades deben determinar quién ordenó y ejecutó la destrucción de la vivienda de La Floresta, si existían permisos, qué elementos fueron afectados y por qué la intervención no fue detectada a tiempo. También deberían informar públicamente qué funcionarios y dependencias tenían a su cargo la vigilancia del sector.
Una sanción económica puede castigar al responsable, pero no reconstruye la autenticidad histórica de una casa. Tampoco resuelve la ausencia de controles preventivos. Para que la protección sea efectiva, el Municipio debería publicar un registro actualizado de inmuebles en riesgo, establecer inspecciones programadas, activar alertas tempranas y transparentar todos los procesos sancionadores relacionados con bienes patrimoniales.
También es necesario conocer cuántas intervenciones sin autorización fueron detectadas durante la actual administración, cuántas recibieron una sanción definitiva, cuántas multas fueron efectivamente cobradas y en cuántos casos se ordenó la restitución de los elementos destruidos.
Quito fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978. Esa condición no puede reducirse a un reconocimiento turístico ni a un eslogan utilizado en actos oficiales. Implica una obligación permanente de conservación.
Cada casa que desaparece elimina materiales, técnicas constructivas, formas de habitar y recuerdos vinculados con un barrio. Cuando la autoridad solamente interviene después de la denuncia o de la demolición, no está protegiendo el patrimonio: está documentando su pérdida.
La destrucción en La Floresta exige más que comunicados y promesas de sanción. Exige controles visibles, información pública, responsabilidades concretas y una política capaz de actuar antes de que otra parte de la memoria arquitectónica de Quito termine convertida en escombros.
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