La prisión preventiva dictada contra el alcalde Aquiles Alvarez dentro del caso Goleada abre una pregunta inmediata en la ciudad: ¿quién asume el mando del Municipio mientras dura el proceso judicial?
La línea de sucesión
De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), cuando el alcalde se ausenta temporalmente por razones legales —como una medida cautelar de prisión preventiva— quien asume la administración es el vicealcalde o vicealcaldesa del cantón.
En el caso de Guayaquil, corresponde al Vicealcalde de Guayaquil asumir la Alcaldía de manera subrogante. Esta figura no implica una destitución automática del alcalde titular, sino una suplencia mientras se mantenga la imposibilidad de ejercer funciones.
La subrogación se mantiene hasta que el alcalde pueda retomar el cargo o, en un escenario distinto, hasta que exista una sentencia ejecutoriada que derive en una eventual vacancia definitiva.
¿Puede haber destitución?
La prisión preventiva no significa, por sí sola, pérdida del cargo. Para que exista una remoción definitiva se requeriría una sentencia condenatoria ejecutoriada o un proceso político-administrativo específico conforme a la normativa vigente.
En caso de una ausencia definitiva, el Concejo Municipal debería formalizar la sucesión y el vicealcalde pasaría a ejercer la Alcaldía por el resto del período.
¿Qué pasa con la administración municipal?
En términos prácticos, la estructura administrativa continúa operando. Las direcciones municipales, empresas públicas y dependencias mantienen sus funciones, mientras la autoridad subrogante asume la firma de resoluciones, ordenanzas y actos administrativos.
Sin embargo, el escenario genera un impacto político evidente: Guayaquil queda bajo una conducción interina en medio de un proceso judicial de alto perfil que involucra al alcalde electo.
Un escenario abierto
La situación dependerá de los tiempos judiciales y del resultado de los recursos que presente la defensa de Aquiles Alvarez. Mientras tanto, la ciudad seguirá su curso institucional con una autoridad encargada, en un contexto que mezcla gestión municipal con tensión política.
El caso no solo tiene implicaciones penales, sino también administrativas y políticas para la ciudad más poblada del país, que ahora enfrenta una etapa de liderazgo interino mientras se define el futuro judicial de su alcalde.
