El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue ingresado en la cárcel de Cotopaxi, en Latacunga, luego de que un juez ordenara su prisión preventiva dentro del denominado caso Goleada, investigación por presunta delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria.
La decisión fue adoptada la tarde del martes por el juez Jairo García, quien también dispuso la misma medida cautelar para Antonio y Xavier Alvarez, hermanos del alcalde, además de César Bravo y Fernando Peñaherrera. En total, 11 personas enfrentan cargos en este proceso.
La resolución judicial
Tras más de un día bajo detención con fines investigativos, el alcalde escuchó la resolución pasadas las 17:00 del 11 de febrero, durante la audiencia que se reinstaló en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Para otros cinco procesados —Pablo Pita, Carlos Asanza, David Alvarez, Ricardo Bruzzonie y Gastón Loy— el juez determinó presentaciones periódicas ante la autoridad y prohibición de salida del país. Pedro Hidalgo, en cambio, cumplirá arresto domiciliario. Asimismo, se ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de todos los investigados.
La Fiscalía sostiene que el caso apunta a una estructura que habría operado con fines ilícitos relacionados con movimientos financieros y obligaciones tributarias. Hasta el momento, no se han detallado públicamente todos los elementos probatorios presentados en la audiencia.
La postura de la defensa
La defensa del alcalde cuestionó la medida cautelar. Su abogado afirmó que no existiría un análisis individualizado sobre el riesgo procesal y anunció que apelará la prisión preventiva. También sostuvo que la acusación se apoyaría en peritajes de conversaciones digitales y una denuncia anónima, argumentos que —según la defensa— no demostrarían actos concretos de lavado de activos.
El equipo legal insistió en que los hechos señalados guardarían relación con investigaciones previas sobre comercialización de combustibles, y que el actual proceso no aportaría nuevos elementos sustanciales.
Respaldo político y tensión en las calles
Mientras se desarrollaba la audiencia, simpatizantes del correísmo se concentraron en los exteriores del Complejo Judicial Norte. Entre los asistentes estuvo el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien manifestó su respaldo y enfatizó la necesidad de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
También acudieron la asambleísta Jahiren Noriega y el legislador Héctor Rodríguez, quienes calificaron la detención como desproporcionada y hablaron de una posible motivación política detrás del caso.
Desde ese sector se ha instalado el discurso de una supuesta persecución, mientras que la Fiscalía sostiene que la investigación responde exclusivamente a indicios recabados dentro del proceso penal.
Un alcalde en funciones tras las rejas
El traslado de Aquiles Alvarez a Latacunga marca un punto de inflexión político: un alcalde en ejercicio enfrentando prisión preventiva mientras se desarrolla la instrucción fiscal.
El caso Goleada, que recién inicia su etapa formal, anticipa semanas de confrontación judicial y política, en un escenario donde la discusión no solo girará en torno a pruebas y responsabilidades penales, sino también al impacto institucional que deja la imagen de una de las principales autoridades locales del país privada de libertad.
