La Fiscalía boliviana pide 20 años de prisión contra Evo Morales por presunta trata de personas, en uno de los procesos judiciales más delicados que enfrenta el expresidente desde que dejó el poder.
El Ministerio Público de Bolivia presentó formalmente la acusación contra Evo Morales y solicitó una condena de 20 años de cárcel por el presunto delito de trata agravada de personas relacionado con una menor de edad.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en 2015, cuando Morales aún era presidente de Bolivia. La Fiscalía sostiene que el entonces mandatario mantuvo una relación con una adolescente menor de edad con quien posteriormente habría tenido una hija.
Las autoridades bolivianas argumentan que existió un presunto esquema de favorecimiento político y protección hacia la familia de la menor a cambio de mantener la relación en secreto.
Morales rechaza completamente las acusaciones y afirma que se trata de una persecución política impulsada por el actual Gobierno boliviano y sectores judiciales que buscan impedir su regreso a la política nacional. El exmandatario sostiene que el caso forma parte de una estrategia para desacreditarlo públicamente y excluirlo de futuras elecciones presidenciales.
La denuncia ha profundizado además la crisis interna dentro del oficialismo boliviano. Desde hace meses, Morales mantiene una fuerte confrontación política con el presidente Luis Arce y sectores del Movimiento al Socialismo (MAS).
La ruptura entre ambos líderes ha dividido al partido gobernante y generado tensiones sociales y políticas en Bolivia. Seguidores de Morales acusan al Gobierno de utilizar la justicia para debilitar al exmandatario y consolidar el poder de Arce dentro del MAS.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos feministas han pedido que el caso sea investigado con independencia y sin interferencias políticas debido a la gravedad de las acusaciones.
El proceso judicial contra Morales se suma a otros casos abiertos en Bolivia relacionados con presunta corrupción, abuso de poder y conflictos políticos posteriores a la crisis de 2019 que terminó con su salida de la presidencia.
Esta acusación podría tener un fuerte impacto en el panorama político boliviano debido a la influencia que Morales aún mantiene sobre una parte importante del oficialismo y de movimientos sociales indígenas y sindicales. Bolivia enfrenta nuevamente una etapa de alta polarización política mientras uno de los líderes más influyentes de su historia reciente afronta un proceso judicial que podría redefinir el futuro del movimiento político que gobernó el país durante casi dos décadas.
