A 16 días del inicio del paro nacional convocado por la Conaie, las tensiones entre el movimiento indígena y el Gobierno del presidente Daniel Noboa no solo no disminuyen, sino que amenazan con prolongar la protesta hasta el 16 de noviembre, fecha en que se celebrará la consulta popular y referéndum. Si ambos sectores no acceden a dialogar, el país podría enfrentarse a consecuencias aún más profundas en múltiples frentes.
Violencia y confrontaciones en el terreno
Este martes 7 de octubre, la movilización registró uno de sus episodios más tensos en el cantón El Tambo (provincia de Cañar). La caravana presidencial que se dirigía a la comunidad de Sigsihuayco fue “atacada por personas violentas para impedir su llegada”, según la Secretaría de Comunicación. Sin embargo, pese a los obstáculos, el presidente Noboa llegó al sitio y cumplió con una agenda institucional de entrega de obras de saneamiento.
La Fiscalía reportó la detención de cinco personas tras los enfrentamientos, que serán procesadas por delitos de terrorismo e intento de asesinato, anunció la ministra de Ambiente, Inés Manzano.
Este tipo de escenas de confrontación se han repetido en distintas provincias: bloqueos de carreteras, enfrentamientos con la fuerza pública, interrupción de servicios básicos y amenazas sobre infraestructuras estratégicas.
Riesgo de paro prolongado hasta el 16 de noviembre
Analistas políticos consultados señalan que, con el agravamiento del conflicto y sin señales claras de negociación, el paro podría mantenerse no solo por días adicionales, sino hasta el mismo día de las elecciones.
Fernando Gavilanes, analista político, advierte que el paro no tiene una coordinación nacional absolutamente centralizada: muchas comunidades actúan por decisión local. No obstante, afirma, “esto no descarta que la protesta se sostenga y llegue hasta la fecha del referéndum (16 de noviembre), dependiendo de la intensidad de la confrontación.”
Para Carlos Poveda, abogado y asesor de dirigentes indígenas, el desenlace dependerá de la estrategia gubernamental: “El paro terminará cuando el Gobierno diga: ‘vengan a conversar’. Pero hasta ese momento, puede prolongarse”.
Impacto económico: cifras del pasado alertan
Los antecedentes de paros recientes en Ecuador muestran que el costo económico puede ser devastador:
- En 2019, una paralización de 11 días registró pérdidas totales por USD 821,68 millones, equivalentes a unos USD 74,7 millones diarios.
- El paro nacional de junio de 2022, con una duración de 18 días, acumuló pérdidas por USD 1.115,4 millones (~USD 61,9 millones diarios), equivalentes al 1 % del PIB en ese año.
- En los primeros 8 días del paro actual (2025), se estiman USD 110 millones en pérdidas para sectores productivos nacionales.
- Además, el propio Ministerio de Economía y Finanzas habría estimado ya USD 427 millones de pérdidas en diversos sectores productivos, sin incluir daños estructurales.
- La estatal Petroecuador reportó una pérdida directa de aproximadamente USD 45 millones por paralización en la producción de crudo.
Si el paro se extiende hasta el 16 de noviembre (lo que implicaría casi cinco semanas o más), y se replicara el ritmo de pérdidas de los paros históricos, el daño podría superar los USD 300 a 400 millones adicionales, sin contar los efectos indirectos sobre empleo, inversión, confianza y cadena productiva.
Sectores especialmente vulnerados
- Comercio y pequeñas empresas: cierres forzados, reducción de flujos de clientes, pérdida de productos perecibles, interrupción en cadenas de abastecimiento.
- Agricultura y ganadería: alza de costos logísticos, imposibilidad de desplazamiento de productos, pérdidas por descomposición, caída de precios.
- Transporte: bloqueos, mayores costos de insumos, demora de envíos.
- Exportaciones: impacto en la logística internacional, pérdida de mercados por incumplimiento de entregas.
- Empleo y recaudación fiscal: suspensión de jornales, cierre de negocios, menor recaudación de impuestos y reducción del consumo interno.
Riesgos políticos y sociales
- Deslegitimación institucional: si la protesta llega al día de la consulta, podría generarse reinterpretaciones sobre la legitimidad del proceso electoral, e incluso cuestionamientos de participación.
- Polarización política intensa: declaraciones agresivas de ambas partes (Gobierno y Conaie) dificultan acercamientos.
- Fragmentación del movimiento indígena: ante la duración prolongada, algunas comunidades podrían retirarse o perder cohesión, restando presión pero generando desorden en la propia estructura.
- Crisis humanitaria rumbo a zonas remotas: falta de acceso a alimentos, medicamentos, servicios básicos en localidades aisladas con vías bloqueadas.
- Fuga de capitales y deterioro del ambiente inversionista: en un contexto de alta incertidumbre política y económica, puede aumentar el riesgo país y desalentar nuevas inversiones.
De hecho, ya se ha registrado un salto en el indicador riesgo país, que alcanzó los 761 puntos, tras el anuncio de eliminar el subsidio al diésel.
¿Una salida posible?
Para evitar que el paro derive en una crisis mayor, los analistas coinciden en que:
- Debe implementarse un mecanismo real de diálogo, con mediadores de confianza capaces de convocar al Gobierno y la Conaie a una mesa formal, sin condiciones previas inaceptables.
- Se requieren medidas de alivio estructurales (subsidios focalizados, compensaciones, moratorias, incentivos para los sectores más golpeados).
- Transparencia con los impactos económicos y rendición de cuentas es clave para legitimar cualquier pacto que se alcance.
- Actores internacionales o de la Iglesia podrían desempeñar un rol de facilitadores neutrales para que ambas partes cedan posiciones de desconfianza.
Si no hay una voluntad política concreta para sentarse a dialogar, el conflicto podría escalar hacia el mismo día de las elecciones — una coyuntura cargada de riesgo institucional para Ecuador. Y mientras tanto, el costo seguirá acumulándose para ciudadanos, empresas y el aparato estatal.
