La noche del domingo 8 de diciembre de 2024, Luis, padre de Josué e Ismael, recibió una llamada desesperada que marcaría el inicio de una tragedia. Sus hijos, junto con Nehemías y Steven, habían sido aprehendidos por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en Guayaquil. Lo que comenzó como un operativo por un supuesto robo culminó en un caso de desaparición forzada que involucra a 16 uniformados y a presuntos miembros de una organización criminal.
El relato de los hechos
Según el acta de audiencia a la que tuvimos acceso, los menores, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos en la avenida 25 de Julio tras una alerta de robo. Posteriormente, fueron transportados hacia la Unidad de Policía Comunitaria en Durán. En el trayecto, se enfrentaron a obstáculos en la vía, lo que habría llevado al jefe de la patrulla militar a dejarlos libres cerca de la Base de Taura. Sin embargo, el testimonio de los sobrevivientes y testigos contradice esta versión.
Uno de los adolescentes logró contactar a su padre con la ayuda de un residente de la zona, quien también denunció que los menores estaban golpeados y desnudos. Poco después, otro testigo clave reportó que un grupo armado los habría trasladado hacia el manglar del estero Chabelo, donde finalmente se hallaron sus restos calcinados el 24 de diciembre.
¿Quiénes son los responsables?
El documento judicial señala a alias «Momo», supuesto cabecilla de la organización criminal Los Águilas, como quien ordenó el asesinato de los menores. Este individuo, vinculado a Los Choneros, ya enfrentaba procesos por delitos como delincuencia organizada y tenencia de armas. También se menciona la participación de otros individuos identificados como alias «Dani» y alias «Ñato».
Por otro lado, los 16 militares de la FAE fueron procesados por desaparición forzada. Según la defensa de los uniformados, su intervención se limitó al patrullaje y la aprehensión inicial. Alegan desconocer los hechos ocurridos después de liberar a los menores en Taura. Sin embargo, las pruebas y testimonios recogidos por la Fiscalía han cuestionado estas declaraciones.
La lucha por justicia
El caso ha despertado la indignación de las familias y organizaciones de derechos humanos. «Estos crímenes no pueden quedar impunes», expresó Fernando Bastias, abogado del Comité de Derechos Humanos que acompaña a las familias. Además, el testimonio anticipado de los testigos será crucial para esclarecer los hechos y garantizar la protección de quienes denuncian.
Implicaciones sociales y judiciales
La desaparición y asesinato de Josué, Ismael, Nehemías y Steven no solo expone la vulnerabilidad de los menores frente al crimen organizado, sino también las fallas en los procedimientos de las fuerzas del orden. Este caso plantea preguntas inquietantes sobre la complicidad y la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia en un contexto marcado por la violencia y el poder del narcotráfico.
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