A pocas horas de que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional apruebe el informe para el primer debate del proyecto de Ley de Transparencia Social (conocida como “Ley de Fundaciones”), organizaciones de la sociedad civil reiteraron sus observaciones a la iniciativa enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de urgente en materia económica.
Fundamedios advirtió que el texto “impone fuertes restricciones” a las OSC y genera un “peso desmedido” que podría afectar las libertades de asociación y expresión. La organización sostiene que el enfoque del proyecto contradice estándares internacionales —como los del GAFI— al no aplicar medidas proporcionales y diferenciadas, centradas solo en entidades con riesgos comprobados.
En un pronunciamiento conjunto, organizaciones como Fundación Ecuatoriana Equidad, Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Alas de Colibrí, Fundación CAJE, Fundación Diálogo Diverso, Fundación Cicleada por la Vida, Fundación de Mujeres Luna Creciente y la Fundación Lucha contra la Corrupción cuestionaron que la comisión haya minimizado la participación de la sociedad civil en el trámite y que la mayoría de comparecencias provinieran de funcionarios y gremios empresariales. También alertaron que no hubo un proceso previo de consulta pública pese al alto impacto de la norma.
El trámite legislativo y el alcance del proyecto
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite, por unanimidad, el 1 de agosto el Proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, denominación original del paquete que luego la mesa legislativa rebautizó como Ley de Transparencia Social. La propuesta busca prevenir, detectar y controlar financiamientos irregulares en organizaciones sin fines de lucro radicadas en el país. La Comisión de Desarrollo Económico avocó conocimiento del texto el 5 de agosto y abrió comparecencias.
De acuerdo con insumos oficiales y borradores difundidos, el proyecto contempla, entre otros puntos:
- Registro obligatorio de todas las organizaciones en un sistema administrado por el Ministerio de Gobierno, como requisito para operar.
- Informes anuales de gestión y uso de recursos, con detalle de fuentes de financiamiento, actividades y beneficiarios.
- Nuevo esquema de supervisión, con funciones de inspección, vigilancia y control financiero sobre las OSC.
- Régimen sancionatorio que incluye multas y la disolución por incumplimientos.
Las objeciones
Para Fundamedios, el diseño actual instala un entorno de “sospecha generalizada” sobre todas las organizaciones, sin evidencia pública que justifique un control tan amplio; por ello piden que cualquier reforma se sustente en el respeto a derechos humanos y a la libre asociación, reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador.
Las organizaciones agregan que no se han transparentado datos que sustenten la magnitud del riesgo que representarían las OSC en materia de lavado de activos, y llaman a un proceso de diálogo y mejora técnica del texto.
¿Qué sigue?
La Comisión de Desarrollo Económico prevé aprobar hoy el informe para primer debate y remitirlo al pleno. Si el proyecto mantiene el carácter de urgente en lo económico, los plazos de tratamiento serán acotados.
