Desde hace 30 días, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, está en el centro de una polémica que se activó el 17 de diciembre de 2025. Ese día, el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció, en una columna de opinión, supuestas presiones del entonces director provincial del CJ en Pichincha, Henry Gaibor, para influir en un fallo por narcotráfico.
Las quejas de Serrano empujaron a la bancada de la Revolución Ciudadana a plantear un juicio político contra Godoy. El proceso tomó impulso el 15 de enero, cuando el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional dio luz verde en la Comisión de Fiscalización, con cinco votos propios y el respaldo de un aliado del exPachakutik. El trámite de interpelación quedó habilitado en el Legislativo.
Si el pedido llega al Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador y alcanza 101 votos, Godoy podría ser censurado y destituido, quedando inhabilitado para ejercer cargos públicos por dos años.
Respaldo político y grietas en la justicia
La falta de apoyo político amenaza con trasladarse al ámbito judicial. Hasta el 12 de enero, Godoy contaba con el respaldo de la Corte Nacional de Justicia a través de su entonces presidente, José Suing. Sin embargo, Suing renunció tras presiones internas de jueces que cuestionaron haber incluido a Godoy en una terna para presidir la Judicatura.
Tras esa dimisión, asumió la presidencia temporal de la CNJ el juez Marco Rodríguez, quien el 15 de enero marcó distancia: habló de consensos y coordinación institucional, pero subrayó que la independencia judicial “jamás deberá estar supeditada a ningún otro poder del Estado, y tampoco, de ninguna manera, al Consejo de la Judicatura”.
Hasta el cierre de esta edición, la Judicatura no reaccionó ni a las declaraciones de Rodríguez ni a su designación como presidente temporal de la CNJ.
Un nuevo frente: el Colegio de Abogados
A la presión política y judicial se sumó un frente gremial. El Colegio de Abogados de Pichincha exigió el 15 de enero la renuncia de Godoy. Lo hizo con una pancarta colocada en el edificio matriz del CJ, en La Alameda, a pocos metros del Palacio Legislativo, horas antes de que Godoy acudiera a la Asamblea a presentar su informe de labores de 2025.
En un comunicado, el gremio calificó los hechos como un “grave atentado contra la independencia judicial”, cuestionó la credibilidad del sistema de justicia y puso bajo la lupa el proceso de llegada de Godoy al cargo, señalando a Suing por incluirlo en una terna sin una verificación clara de idoneidad ética y profesional.
Además, el Colegio pidió a la Fiscalía General del Estado una investigación penal “objetiva y oportuna” para determinar responsabilidades; solicitó al Ejecutivo un presupuesto suficiente para enfrentar el déficit histórico de jueces y fiscales; exigió al CJ abstenerse de nombrar jueces temporales mientras persistan los cuestionamientos; y reclamó sanciones administrativas y legales contra Henry Gaibor.
Con el juicio político en marcha, la advertencia de independencia desde la CNJ y el reclamo frontal del gremio de abogados, la gestión de Mario Godoy entra en su momento más delicado desde que asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura en septiembre de 2024. El desenlace, ahora, se juega en varios tableros a la vez.
