PRODUCCIÓN. El sector petrolero ecuatoriano atraviesa una etapa crítica, con menor peso en las finanzas públicas y producción estancada.
Redacción
Durante más de una década, Ecuador estructuró su presupuesto bajo una lógica clara: el petróleo pagaba la cuenta. Cuando el barril superaba los $100 y el país exportaba alrededor de 130 millones de barriles anuales, las exportaciones bordeaban los $13.000 millones. Ese flujo permitió sostener expansión del gasto, obra pública y transferencias.
Hoy el escenario es distinto. Las exportaciones petroleras se mueven entre $6.000 y $7.000 millones, pero al Presupuesto General del Estado (PGE) le quedan apenas unos $2.000 millones netos, una vez descontados los costos de importación de derivados y operación de Petroecuador.
El exministro de Economía, Fausto Ortiz, ha sido directo: el petróleo dejó de ser determinante en los ingresos presupuestarios. En la misma línea, la ministra de Economía, Sahira Moya, ha destacado que sectores como el camarón ya superan al crudo en exportaciones.
El problema no es solo que el petróleo pese menos. Es que el gasto público no se redujo al mismo ritmo.
Impuestos que no alcanzan
Con el crudo debilitado, el Estado depende sobre todo de la recaudación tributaria, que bordea los $16.000 o $17.000 millones anuales. Sin embargo, su distribución revela un sistema rígido:
- 21% se transfiere a municipios, prefecturas y juntas parroquiales (entre $3.000 y $4.000 millones).
- Cerca de $10.000 millones van a sueldos del sector público.
- Aproximadamente $3.000 millones se destinan al IESS.
- Más de $1.000 millones en bonos sociales.
- Luego vienen los $4.500 millones en intereses de deuda.
Antes de cubrir la deuda, los impuestos prácticamente se agotan. El déficit proyectado para 2026 supera los $5.400 millones.
El resultado: un presupuesto sin margen operativo. El Estado debe endeudarse no para invertir, sino para cubrir compromisos permanentes.
Producción estancada y menor peso fiscal
La producción diaria de petróleo muestra el contraste histórico:
| Año | Barriles diarios |
|---|---|
| 2014 | 556.000 |
| 2019 | 531.000 |
| 2020 | 479.000 |
| 2023 | 475.300 |
| 2024 | 476.500 |
| 2025 | 470.100 |
Tras el pico de 2014, la tendencia ha sido descendente o estancada. A menor producción y menor precio, menor peso fiscal. Pero el gasto estructural permanece.
La ley 70-30 y el ajuste vía gobiernos locales
En este contexto surge la propuesta del presidente Daniel Noboa, que obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a destinar al menos el 70% de las transferencias a inversión y no más del 30% a gasto corriente.
La iniciativa plantea además que, si no cumplen esa regla, sus asignaciones bajen del 21% de los ingresos permanentes y 10% de los no permanentes a 15% y 5%, respectivamente.
La lógica es clara: reducir presión fiscal sin tocar sueldos del Gobierno central ni incumplir deuda. Según Ortiz, el ajuste podría significar cerca de $1.000 millones menos de gasto.
El punto más delicado es estructural: si el Estado financia gasto permanente con deuda, el problema no es coyuntural, sino de diseño presupuestario.
Un modelo que ya no encaja
El diagnóstico es contundente:
- El petróleo ya no sostiene el presupuesto.
- Los impuestos cubren apenas obligaciones rígidas.
- El déficit obliga a endeudarse.
- Parte del endeudamiento financia gasto corriente.
Ecuador dejó de ser petrolero en términos fiscales, pero su estructura de gasto todavía responde a esa lógica. Mientras no se redimensionen sueldos, transferencias o subsidios, el presupuesto seguirá dependiendo de deuda creciente.
El debate ya no es ideológico. Es matemático.
