Quito, 13 de junio de 2025 — El contralor general del Estado, Xavier Mauricio Torres, defendió la independencia, modernización y transparencia de la Contraloría en una entrevista donde aseguró que su gestión busca «sanear la casa» tras años de escándalos y omisiones institucionales.
Torres, en funciones desde noviembre de 2023 tras un concurso del Consejo de Participación Ciudadana, expuso que su administración ha impulsado auditorías internas a las unidades más sensibles, ha reemplazado a más de 50 directivos de confianza y ha iniciado reformas tecnológicas con apoyo del BID, incluyendo sistemas de alertas para prevenir la caducidad de exámenes.
“Encontramos $4.000 millones que se dejaron caducar. Se taparon barbaridades”, declaró Torres, quien anunció que varios de esos casos ya han sido enviados a la Fiscalía para su investigación.
Auditoría forense, tecnología y acciones concretas
Una de las principales novedades que anunció el contralor es la implementación, desde julio de 2025, de auditorías forenses e informáticas, nuevas herramientas legales que permitirán investigar indicios de responsabilidad penal con mayor rigor técnico. Según explicó, estas auditorías permitirán fortalecer los informes enviados a la Fiscalía, agregando evidencias con peso probatorio.
También confirmó que se han aprobado 337 informes generales y 77 con indicios de responsabilidad penal (IRP) solo en el ámbito de la Función Ejecutiva entre noviembre de 2023 y junio de 2025, incluyendo exámenes a ministerios, empresas públicas y la propia Presidencia.
Casos sensibles bajo análisis
Entre los procesos en curso, se destacan los exámenes a contratos del sector eléctrico con las empresas Progen y ATM, así como una auditoría al derrame del SOTE en Esmeraldas. Además, ya se notificaron resultados provisionales en el caso ATM, y el de Progen será notificado el 16 de junio.
Cambio institucional y mensaje al sector público
Torres también impulsa un proyecto de Instituto Tecnológico de la Contraloría para capacitar gratuitamente a servidores públicos en gestión y control. Afirmó que busca una evaluación más técnica del desempeño del sector público, y defendió la implementación de un plan de remisión para el cobro de multas y glosas, con una expectativa de recaudar entre 40 y 50 millones de dólares en 2025.
“Nadie tiene garantizado el puesto por tener nombramiento”, dijo sobre las evaluaciones. “Primero la honradez, luego la lealtad, no al contralor, sino a la institución”, recalcó.
Desde Periodismo Ecuador destacamos que, tras décadas de señalamientos por inacción o complicidad institucional, la Contraloría intenta recuperar su credibilidad. Sin embargo, el desafío es mayor: demostrar que puede actuar con el mismo rigor hacia dentro como hacia fuera, sin politización ni proteccionismo.
