Condenan a fiscal colombiana por encubrir el secuestro de Fernando Balda, que involucra a Rafael Correa

La justicia colombiana condenó a la fiscal Consuelo Montañez a ocho años de cárcel por fraude procesal y prevaricato, tras comprobarse que manipuló pruebas para favorecer a los secuestradores del político Fernando Balda, opositor del expresidente Rafael Correa, quien fue acusado de ordenar su secuestro en 2012.

El Tribunal Superior de Bogotá determinó que Montañez negoció un preacuerdo con los responsables del secuestro ocurrido en Colombia, permitiéndoles recibir penas reducidas a cambio de reconocer su culpabilidad bajo la premisa de que Balda había sido liberado voluntariamente. Además, la investigación reveló que Montañez modificó la defensa de la víctima al permitir que la misma abogada de los secuestradores representara a Balda sin su autorización, lo que facilitó el acuerdo que pretendía hacer pasar el delito como un secuestro simple.

El caso, que ya fue investigado en Ecuador, vincula al expresidente Correa y a su entonces secretario de Inteligencia, Pablo Romero, como responsables de la planificación y financiamiento del secuestro con fondos públicos de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Romero fue condenado a nueve años de prisión en Ecuador, mientras que para Correa se emitió una orden de captura, sin embargo, se encuentra en Bélgica con asilo político.

Tras conocerse la sentencia contra Montañez, Balda afirmó que esta decisión demuestra la responsabilidad del exmandatario en el caso, pues la manipulación de la fiscal colombiana tenía como objetivo encubrir el rol del gobierno ecuatoriano. “Con esta sentencia se desmoronan las narrativas de Correa y sus secuaces ”, señaló a través de un video en sus redes sociales.

Además, aseguró que al ratificar que se trató de un secuestro agravado, la orden de captura contra Correa continuaría vigente, por lo que podría ser capturado en cualquier momento. 

Por su parte, Rafael Correa ha sostenido que el caso de Balda es un montaje judicial y una estrategia de ‘lawfare’ en su contra.

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