Un Tribunal de Garantías Penales sentenció a cinco años de prisión a Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, tras declararlo culpable del delito de oferta de realizar tráfico de influencias dentro del denominado Caso Nene. Además de la pena privativa de libertad, deberá pagar una multa económica y pierde sus derechos de participación por diez años.
Condenan a cinco años de cárcel a Sebastián Barreiro por oferta de tráfico de influencias tras el fallo emitido por un Tribunal de Garantías Penales este jueves 12 de febrero de 2026. La sentencia fue obtenida por la Fiscalía General del Estado, que lo acusó como autor directo del delito.
Además de la pena de cinco años de prisión, los jueces impusieron una multa de doce salarios básicos unificados (USD 5.784), la pérdida de los derechos de participación por diez años y la obligación de ofrecer disculpas públicas por los hechos cometidos.
El fallo fue anunciado de manera oral luego de un proceso de deliberación que se extendió por más de tres semanas, periodo en el que los magistrados analizaron las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Durante la audiencia de juicio, el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción expuso los elementos recopilados en la investigación, iniciada tras una denuncia ingresada en el Buzón de Transparencia institucional.
Según la acusación, el ahora sentenciado ofreció un cargo en la Vicepresidencia de la República a cambio del pago de 1.700 dólares mensuales provenientes del sueldo del funcionario contratado, que ascendía a 3.200 dólares. Para asegurar el compromiso, la víctima firmó una letra de cambio por 30.600 dólares, monto que debía cancelarse en un año.
Los testimonios indicaron que la reunión inicial se realizó el 8 de diciembre de 2023 en un hotel de Quito. Meses después, tras ser desvinculado del cargo, el afectado se reunió nuevamente con el procesado en Cuenca, donde la letra de cambio fue incinerada.
La Fiscalía presentó pericias de cotejamiento de voces que confirmaron la identidad de los interlocutores en una grabación telefónica relacionada con la entrega del dinero. También se incorporaron informes de seguimiento, vigilancia y reconocimiento de evidencias, incluida la verificación del lugar donde se quemó el documento.
Periodismo Ecuador continuará informando sobre el desarrollo de este caso y sus implicaciones judiciales.
