Lo que comenzó como una contratación de emergencia para enfrentar los apagones terminó convirtiéndose en uno de los casos de presunta corrupción más delicados de los últimos años. El denominado caso Progen ya no solo gira alrededor de generadores que nunca funcionaron y contratos millonarios cuestionados, sino que ahora incorpora audios, chats y presuntas coordinaciones políticas que podrían ampliar significativamente el alcance de las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 21 personas por presunto peculado dentro del denominado caso Apagón o caso Progen. Entre los procesados constan exautoridades del sector energético, funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y representantes de la empresa estadounidense Progen Industries LLC.
Según la investigación fiscal, el Estado habría desembolsado aproximadamente USD 104,3 millones como anticipo para la adquisición e instalación de generación eléctrica de emergencia en las centrales Salitral y Quevedo. Sin embargo, los equipos comprometidos nunca entraron en operación dentro de los plazos establecidos, pese a que el país atravesaba una de las peores crisis energéticas de los últimos años.
El origen del caso
En medio de los apagones registrados durante 2024, el Gobierno impulsó contrataciones de emergencia para incorporar generación termoeléctrica y reducir los cortes de energía que afectaban a millones de ecuatorianos.
Dentro de ese contexto, Celec adjudicó a Progen Industries LLC contratos por cerca de USD 149 millones para la provisión de generación eléctrica temporal en Salitral y Quevedo.
Sin embargo, auditorías posteriores, informes de Contraloría e investigaciones periodísticas comenzaron a revelar una serie de inconsistencias relacionadas con la contratación, la capacidad técnica de la empresa, la procedencia de los equipos y los pagos realizados.
Uno de los hallazgos más cuestionados es que la empresa habría recibido importantes desembolsos pese a que los generadores no cumplían con las condiciones necesarias para entrar en operación. Además, la Fiscalía sostiene que Progen no estaba domiciliada legalmente en Ecuador cuando recibió las adjudicaciones.
La nueva arista: los audios que involucran a la exministra
La dimensión política del caso cambió esta semana tras la difusión de audios y conversaciones atribuidos a la exministra de Energía, Inés Manzano.
El material, revelado por medios nacionales, habría sido entregado a la Fiscalía como parte de las investigaciones en curso. En uno de los audios difundidos públicamente, Manzano menciona una supuesta coordinación con la asambleísta Diana Jácome respecto al proceso de fiscalización legislativa que analizaba los contratos suscritos con Progen.
Según el contenido divulgado, existirían conversaciones orientadas a manejar las comparecencias de funcionarios dentro de la Asamblea Nacional y limitar el alcance de ciertos cuestionamientos relacionados con la contratación.
La revelación es particularmente sensible porque introduce una nueva hipótesis dentro del caso: la posibilidad de que no solo hayan existido irregularidades en la contratación, sino también eventuales intentos de influir en los procesos de control político.
Junto con los audios también se difundieron chats atribuidos a Manzano y al CEO de Progen, John Manning, en los que se discutirían alternativas para gestionar retrasos contractuales y problemas relacionados con la entrega de los generadores.
Hasta el momento, tanto Manzano como Jácome han rechazado cualquier irregularidad y han señalado que la autenticidad del material deberá ser verificada por las autoridades competentes.
Catamayo amplía el escándalo
Mientras avanzan las investigaciones sobre Salitral y Quevedo, un informe de la Contraloría General del Estado abrió un nuevo frente para el caso.
La auditoría detectó 17 irregularidades en un contrato de aproximadamente USD 20 millones para la instalación de generación eléctrica en la central termoeléctrica Catamayo, en Loja.
Según el organismo de control, la contratación se habría realizado con escasa competencia, sin suficiente sustento técnico y con resultados que no justificaron la inversión realizada.
La incorporación de Catamayo al debate fortalece la percepción de que los problemas detectados en Progen podrían no responder a hechos aislados, sino a un patrón de decisiones tomadas durante la emergencia energética.
Los funcionarios procesados
Entre los principales nombres involucrados en la investigación constan el exministro de Energía, Antonio Goncalves; el exgerente de Celec, Fabián Calero; funcionarios técnicos y representantes de la empresa contratista.
La justicia dispuso prisión preventiva para la mayoría de los procesados, mientras que para representantes de Progen se solicitaron mecanismos de cooperación internacional con el objetivo de garantizar su comparecencia.
Paralelamente, algunos técnicos involucrados sostienen que habrían advertido oportunamente sobre problemas en los equipos ofertados por la empresa, una versión que aún forma parte del debate jurídico dentro del proceso.
¿Cómo afecta esto al presidente Daniel Noboa?
Hasta el momento no existe una investigación penal contra el presidente Daniel Noboa ni se han formulado acusaciones directas en su contra dentro del expediente.
Sin embargo, el impacto político resulta innegable.
La contratación ocurrió durante una emergencia eléctrica administrada por su Gobierno. Los funcionarios hoy procesados fueron designados dentro de su administración y las decisiones cuestionadas se adoptaron mientras el Ejecutivo buscaba responder a la crisis energética.
La aparición de los nuevos audios incrementa la presión política porque el debate deja de centrarse exclusivamente en contratos fallidos y comienza a enfocarse en la eventual gestión política del escándalo.
Para el Gobierno, el principal riesgo no es únicamente jurídico, sino reputacional.
Noboa ha construido gran parte de su discurso sobre la eficiencia administrativa, la transparencia y el combate a la corrupción. Por ello, cualquier evidencia que sugiera fallas de control dentro de su propia estructura gubernamental puede convertirse en un factor de desgaste político.
Además, la oposición podría utilizar el caso como argumento para cuestionar la capacidad del Ejecutivo para supervisar las contrataciones realizadas bajo regímenes de emergencia.
Lo que viene
La investigación aún se encuentra en desarrollo y podría incorporar nuevos elementos documentales, pericias sobre los audios difundidos, análisis de comunicaciones y testimonios de funcionarios involucrados.
El gran interrogante es si la Fiscalía logrará demostrar que las irregularidades detectadas fueron producto de negligencia administrativa, decisiones deliberadas o una estructura más amplia de responsabilidades.
Por ahora, el caso Progen ya dejó de ser únicamente un problema de generadores que nunca funcionaron. Se ha convertido en una prueba política para el Gobierno de Daniel Noboa y en uno de los expedientes más sensibles de la crisis eléctrica que vivió Ecuador.
A medida que aparecen nuevos documentos, audios y testimonios, la pregunta ya no es solamente quién firmó los contratos, sino quién conocía las advertencias, quién tomó las decisiones finales y quién deberá responder por los más de USD 100 millones comprometidos en una de las contrataciones más cuestionadas de los últimos años.
