La Asamblea Nacional aprobó la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) con 77 votos a favor, marcando un nuevo escenario en la gestión financiera de los gobiernos autónomos descentralizados.
Ahora los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales deberán destinar el 70% del presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a gastos de inversión, así como al mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos que respalden la prestación de servicios públicos. En la ponencia del informe para segundo debate, la legisladora Valentina Centeno recordó que esta disposición está vigente desde 2011; sin embargo, señaló que no se ha cumplido con lo establecido, por lo que es necesario priorizar los recursos para atender necesidades básicas, como el acceso al agua potable, servicio del que carecen cuatro millones de habitantes. Del total de personas que sí cuentan con este recurso vital, el 71% recibe agua de baja calidad.
Precisó que, con la reforma, al menos el 70% del presupuesto se destinará a obras y servicios, y el 30% a gasto corriente. Aclaró que en ningún caso se prohíbe la inversión en infraestructura educativa.
Durante el debate legislativo se evidenciaron posiciones divididas. Un sector del Pleno sostuvo que la reforma permitirá mayor transparencia y control en el uso de fondos estatales, especialmente en proyectos de inversión y contratación pública a nivel territorial. Sin embargo, otros asambleístas advirtieron que ciertos artículos podrían generar tensiones respecto a la autonomía administrativa y financiera de los gobiernos locales.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) regula el funcionamiento de municipios, prefecturas y juntas parroquiales, por lo que cualquier modificación impacta directamente en la estructura de la administración territorial del país.
Tras su aprobación con 77 votos, la ley deberá cumplir los siguientes pasos constitucionales, entre ellos la revisión y eventual sanción o veto por parte del Ejecutivo, antes de su publicación en el Registro Oficial para su entrada en vigencia.
Periodismo Ecuador continuará informando sobre el alcance de esta reforma y sus posibles efectos en la administración de los gobiernos locales y el manejo del presupuesto público.
