A casi tres años del asesinato de Fernando Villavicencio, la justicia ecuatoriana se prepara para una de las audiencias más trascendentales del caso. Un nuevo informe policial señala a figuras políticas, operadores judiciales, cabecillas criminales y una supuesta estructura de comunicación que habría actuado antes y después del crimen.
Este 5 de junio de 2026, a las 09:00, se instalará en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio contra siete personas señaladas como presuntos autores intelectuales y coordinadores del asesinato del excandidato presidencial y exasambleísta Fernando Villavicencio.
La diligencia llega luego de que la Policía Nacional entregara a la Fiscalía un informe final de 1.126 páginas que reconstruye la planificación, ejecución y las presuntas acciones posteriores al magnicidio ocurrido el 9 de agosto de 2023.
El documento, elaborado por 14 agentes de la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía (UNIF), es considerado uno de los informes más extensos y complejos desarrollados en el país sobre un crimen político.
Los nombres que aparecen detrás del crimen
Según el informe, la investigación concluye que existió una planificación previa para ejecutar el asesinato y señala como presuntos autores intelectuales a Xavier Jordán, Ronny Aleaga, José Serrano y Daniel Salcedo.
La hipótesis policial sostiene que la coordinación del crimen habría sido ejecutada a través de líderes de la organización criminal Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría, alias «Pipo»; Esteban Aguilar, alias «Lobo Menor»; y Luis Arboleda, conocido como «Gordo Luis».
Los investigadores sostienen que las evidencias recopiladas durante la instrucción fiscal permiten establecer conexiones entre actores políticos, operadores vinculados al crimen organizado y miembros de estructuras delincuenciales que habrían participado en la planificación y ejecución del atentado.
Una línea de tiempo que comienza años antes del asesinato
Uno de los aspectos más llamativos del informe es que la línea de tiempo no inicia en 2023, sino en 2018.
Los investigadores reconstruyen una serie de hechos relacionados con las denuncias realizadas por Villavicencio durante varios años sobre casos de corrupción, contratos estatales, presuntos vínculos con narcotráfico y redes de influencia dentro del Estado.
El informe menciona investigaciones impulsadas por Villavicencio relacionadas con casos como Isspol, el denominado «Gran Reparto», contratos hidroeléctricos y petroleros, así como denuncias que involucraban a varias figuras públicas y políticas.
De acuerdo con la documentación policial, estas investigaciones habrían generado conflictos con actores que posteriormente aparecen mencionados dentro de la estructura analizada por los investigadores.
El informe también analiza campañas comunicacionales
Uno de los capítulos más sensibles del documento aborda las estrategias de comunicación y posicionamiento de narrativas alrededor del caso.
Según el informe, el análisis de dispositivos electrónicos y comunicaciones vinculadas a procesos investigativos anteriores permitió identificar supuestas conexiones comunicacionales que habrían buscado influir en la percepción pública del caso.
La Policía sostiene que entre 2025 y 2026 existieron ataques sistemáticos en redes sociales relacionados con el asesinato de Villavicencio y que detrás de estas acciones existirían estructuras coordinadas vinculadas a algunos de los procesados.
Los investigadores también incluyen análisis de conversaciones, publicaciones digitales y conexiones entre distintos actores que habrían participado en la difusión de contenidos relacionados con el caso.
Las hijas de Villavicencio hablan de una estructura «narcopolítica»
Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial, calificaron las conclusiones del informe como reveladoras y aseguraron que detrás del asesinato existió una estructura criminal de gran alcance.
Según Amanda Villavicencio, el documento demostraría la existencia de una red que combinó intereses políticos, criminales, judiciales y mediáticos con el objetivo de silenciar a su padre.
Las familiares afirmaron además que han recibido amenazas y actos de hostigamiento desde el asesinato y solicitaron protección tanto para ellas como para los agentes investigadores que participaron en la elaboración del informe.
Incluso advirtieron que algunos policías vinculados al caso habrían sido objeto de intimidaciones por parte de personas investigadas dentro del proceso.
Xavier Jordán responde
Tras conocerse el contenido del informe policial, Xavier Jordán reaccionó públicamente a través de redes sociales.
En una publicación, negó algunas de las afirmaciones que lo vinculan con la investigación y difundió información relacionada con los agentes policiales que participaron en la elaboración del documento.
Su pronunciamiento ocurre en medio de una creciente expectativa por lo que pueda resolverse durante la audiencia preparatoria de juicio.
Un caso que sigue sacudiendo al Ecuador
El asesinato de Fernando Villavicencio se convirtió en uno de los hechos políticos y criminales más impactantes de la historia reciente del Ecuador.
La muerte del entonces candidato presidencial ocurrió en plena campaña electoral y generó cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones del país.
Ahora, casi tres años después, la audiencia de este 5 de junio podría marcar un punto de inflexión en la búsqueda de responsabilidades penales y en el esclarecimiento de quiénes estuvieron detrás de uno de los magnicidios más graves registrados en la democracia ecuatoriana.
Mientras la justicia avanza hacia una nueva etapa procesal, el informe policial pone nuevamente sobre la mesa una pregunta que ha acompañado al país desde agosto de 2023: ¿hasta dónde llegaron las redes de poder que habrían convergido para planificar el asesinato de Fernando Villavicencio?
