La Asamblea Nacional resolvió este 18 de febrero de 2026 censurar y destituir a Mario Godoy con 148 votos a favor de los 149 legisladores presentes en el Pleno. La decisión se adoptó tras el juicio político en su contra por “manifiesta inoperancia en el cumplimiento de funciones” mientras ejercía la Presidencia del Consejo de la Judicatura.
La moción fue aprobada en aplicación del numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 131 de la Constitución y el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Solo la asambleísta Jajahira Urresta se abstuvo de votar.
La censura implica la inmediata destitución y, además, la prohibición de ejercer cualquier cargo público durante dos años. De acuerdo con la normativa, si la autoridad ya no se encuentra en funciones —como ocurrió en este caso tras la renuncia presentada horas antes por Godoy— la sanción se traduce en la inhabilitación para ocupar cargos en el sector público durante el mismo período. La resolución será notificada al ministerio rector de relaciones laborales para su registro y cumplimiento.
La sesión se instaló pasadas las 11:29. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, sostuvo que la renuncia presentada por Godoy no detenía el proceso y que el juicio político debía concluir con una resolución del Pleno. “La censura será un hecho”, anticipó antes de la votación.
Durante el debate se produjo un fuerte cruce de acusaciones entre las bancadas, que se responsabilizaron mutuamente por decisiones pasadas en torno a la Judicatura. Desde el Partido Social Cristiano incluso se mencionó la existencia de un supuesto acuerdo político que habría facilitado la designación de Godoy.
La interpelación estuvo a cargo de Viviana Veloz y Franklin Samaniego, de la Revolución Ciudadana. Veloz cuestionó la validez de la renuncia al señalar que debía ser aceptada formalmente por la institución que lo designó. Afirmó que la censura no solo era procedente, sino necesaria, y lanzó duros señalamientos sobre la gestión de Godoy, a quien acusó de no garantizar la independencia judicial y de permitir un deterioro institucional.
El informe que sustentó el juicio fue aprobado el 13 de febrero en la Comisión de Fiscalización con 10 votos a favor. En él se señala a Godoy por no responder adecuadamente ante presuntas presiones a jueces, especialmente en casos de corrupción, y por no adoptar medidas firmes frente a amenazas contra operadores de justicia.
Con la votación de este miércoles, la Asamblea cerró uno de los juicios políticos más tensos del actual período legislativo y dejó a la Judicatura en un escenario de transición, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá avanzar en el proceso para designar a su reemplazo.
