La Ley Orgánica de Inteligencia ya es una realidad en Ecuador. Este miércoles 11 de junio fue publicada en el Registro Oficial, un día después de su aprobación por la Asamblea Nacional. El presidente Daniel Noboa no presentó objeciones, lo que permitió su inmediata entrada en vigor.
La norma, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia, ha generado controversia por habilitar mecanismos que permiten al Estado requerir información a empresas de telecomunicaciones sobre sus usuarios, incluyendo datos técnicos, geolocalización, historial de conexiones y cualquier información que facilite la identificación o rastreo de una persona.
Aunque el reglamento aún no ha sido emitido, se espera que toda interceptación telefónica requiera autorización judicial, según la Constitución. Sin embargo, sectores de la oposición —liderados por la Revolución Ciudadana— han expresado su preocupación por un posible uso político de la norma, advirtiendo que podría facilitar el espionaje a opositores.
Acceso total a la información
La Ley establece que las compañías de telecomunicaciones deberán proporcionar, de forma gratuita y directa, datos históricos y en tiempo real sobre usuarios vinculados a investigaciones. Además, la obligación de entrega de información no se limita al sector privado: también incluye a personas naturales y jurídicas, bajo los principios de «necesidad y proporcionalidad».
Otro punto polémico es que los agentes de inteligencia podrán usar identidades ficticias de forma legal, sin posibilidad de sanción, lo que ha levantado alertas entre organizaciones de derechos humanos y expertos en privacidad.
Un sistema centralizado y con gastos secretos
El Sistema Nacional de Inteligencia será liderado por un rector designado por el presidente, y estará compuesto por siete subsistemas:
- Inteligencia de las Fuerzas Armadas
- Inteligencia de la Policía Nacional
- Inteligencia financiera y económica
- Inteligencia de la Casa Militar Presidencial
- Inteligencia tributaria
- Inteligencia aduanera
- Inteligencia penitenciaria
Además, contará con una partida presupuestaria secreta y exenta de control público, que sólo podrá ser auditada por la Contraloría General del Estado. Según el texto, los documentos generados podrán ser clasificados, restringidos o eliminados, sin supervisión civil.
Una ley con siete años de historia
La Ley de Inteligencia fue inicialmente propuesta por el Correismo en 2018 por la exasambleísta Ana Belén Marín, y ahora con Noboa fue aprobada con 77 votos del oficialismo y aliados. En contra votaron 66 legisladores, mientras que 7 se abstuvieron. El bloque de Gobierno, ADN, defiende la norma como una herramienta clave para enfrentar la inseguridad, mientras que la oposición teme un uso arbitrario de la inteligencia estatal.
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