La posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, una de las principales promesas de campaña del presidente Daniel Noboa, ha reactivado el debate político y ciudadano en el país. Aunque hasta ahora el Gobierno no ha confirmado si impulsará o no esta iniciativa, diversas voces del ámbito político y académico analizan su conveniencia, oportunidad y los riesgos que podría implicar.
La Asamblea Constituyente es un mecanismo previsto en la Constitución para redactar una nueva carta magna o realizar reformas integrales. Sin embargo, su aplicación no es inmediata: el artículo 444 de la Constitución establece que debe ser convocada mediante una consulta popular, que puede ser solicitada por el Presidente, por la Asamblea Nacional con mayoría calificada o por el 12% del electorado.
Tres caminos posibles
Para el analista político Lolo Echeverría, el debate debe centrarse en tres puntos clave: si es conveniente convocarla, si es oportuna en este momento y si es preferible optar por reformas desde la Asamblea Nacional. Echeverría advierte que el proceso constituyente conlleva al menos tres elecciones: una para autorizar la Constituyente, otra para elegir a sus miembros y una tercera para aprobar el nuevo texto constitucional, lo cual podría alargar el proceso durante casi dos años.
Riesgos y advertencias
El estratega político Leonardo Laso considera que el proceso constituyente implicaría más riesgos que beneficios. Señala que una Asamblea Constituyente no solo demanda tiempo, sino que también abre la puerta a escenarios políticos inciertos, como la posibilidad de que otras fuerzas políticas, especialmente el correísmo, logren mayoría en la redacción del nuevo texto. A esto suma el impacto económico y la incertidumbre jurídica que podría frenar inversiones claves para el país.
“Una Constituyente podría detener la inversión en sectores estratégicos como minería, energía y construcción, al generar dudas sobre el marco legal futuro”, sostiene Laso.
Otras alternativas de reforma
Desde otra óptica, el político Andrés Páez propone un enfoque en dos tiempos: una reforma parcial profunda desde la Asamblea Nacional que facilite la gestión del Gobierno, y una Constituyente posterior, enfocada en aspectos estructurales más amplios. Páez considera que hay reformas urgentes que pueden realizarse sin convocar a una Constituyente, como la eliminación de ciertas entidades del Estado o el fortalecimiento de la independencia de la Fiscalía.
Tanto Páez como Laso coinciden en que el oficialismo debe consolidar un bloque legislativo fuerte que respalde las reformas, independientemente del mecanismo que se elija.
El contexto actual
La discusión se da en un contexto de múltiples desafíos para el país: inseguridad, crisis económica y un escenario político polarizado. Analistas sugieren que emprender un proceso constituyente en este momento podría desviar la atención del Ejecutivo de sus prioridades más urgentes.
Mientras tanto, el país continúa a la espera de una definición oficial sobre si el presidente Noboa dará el paso hacia una Asamblea Constituyente o si optará por caminos más inmediatos y menos disruptivos para impulsar los cambios que prometió.
El debate está abierto. La decisión, aún pendiente.
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