La firma del contrato para la operación del Campo Sacha por parte de una empresa privada ha generado un fuerte debate en Ecuador. Mientras el Gobierno defiende la medida como una estrategia para modernizar la producción petrolera y aumentar los ingresos para inversión social, la oposición y diversos sectores han criticado duramente la decisión, argumentando que representa una privatización encubierta de un recurso estratégico.

El Gobierno sostiene que la adjudicación del Campo Sacha permitirá una inversión de USD 1.716 millones en infraestructura y mejoras operativas, además de garantizar un incremento en la producción de 75.000 a más de 100.000 barriles diarios en los próximos tres años. Asimismo, se ha anunciado que Ecuador recibirá una prima de entrada de USD 1.500 millones que serán destinados a programas sociales.

Sin embargo, la oposición ha denunciado que esta medida atenta contra la soberanía energética del país. Parlamentarios y líderes políticos han advertido que entregar la operación del campo a manos privadas debilita a Petroecuador y podría significar la pérdida de control estatal sobre una de las fuentes más importantes de ingresos petroleros.

“El gobierno está disfrazando una privatización bajo el argumento de la eficiencia. No se puede permitir que los recursos estratégicos del país sean manejados por empresas extranjeras”, declaró un asambleísta de la bancada opositora. Además, han cuestionado el proceso de adjudicación y la falta de consulta pública sobre la decisión.

Desde el Gobierno, la ministra de Energía y Minas ha insistido en que la propiedad del Campo Sacha sigue siendo del Estado y que el contrato con la empresa privada busca optimizar la producción sin comprometer la soberanía del país. Además, se han comprometido a garantizar la transparencia en la ejecución del contrato y en la inversión de los fondos recibidos.

Por su parte, Guilhermo Ferreira confirmó que la participación del Estado alcanzará el 19% cuando el valor del crudo WTI sea $30 y subirá, en el mejor de los casos, hasta 26,5% cuando cueste $120. Esta distribución de beneficios ha sido otro punto de controversia, ya que algunos analistas consideran que la participación estatal es insuficiente en comparación con otros modelos de gestión petrolera.

El debate sobre el futuro del Campo Sacha se mantiene en el centro del escenario político, con protestas convocadas por sectores sindicales y ambientalistas, quienes también han manifestado su preocupación por el impacto ambiental de la operación. Mientras tanto, el Gobierno busca acelerar la implementación del contrato, en medio de un clima de creciente tensión y cuestionamientos sobre las implicaciones de esta decisión para el futuro energético del Ecuador.