El pasado 20 de enero de 2025, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió tres decisiones dirigidas a los Estados de Ecuador y Nicaragua en relación con casos de violencia sexual y maternidad forzada en niñas. El Comité determinó que ambos países incurrieron en vulneraciones a los derechos de Norma, Lucía y Susana, tres sobrevivientes de violencia sexual, y estableció una serie de medidas para su reparación y prevención de situaciones similares en el futuro.

Las decisiones son resultado de un proceso de litigio internacional iniciado en 2019 por el movimiento «Son Niñas, No Madres», una coalición de organizaciones que trabajan en la protección de derechos de menores en América Latina. De acuerdo con el Comité, los Estados implicados tienen la obligación de implementar medidas de reparación para las víctimas y adoptar políticas para prevenir la repetición de estos casos.

El organismo internacional destacó que las niñas fueron víctimas de vulneraciones a derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida digna, a la justicia, a la protección contra la tortura y tratos crueles, y a la igualdad y no discriminación. También indicó que la maternidad forzada tiene un impacto significativo en el desarrollo de las menores, limitando su acceso a la educación y afectando su bienestar integral.

Entre las medidas recomendadas por el Comité se incluyen reformas legislativas para garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, acciones para combatir la violencia sexual mediante estrategias de sensibilización y prevención, capacitación a profesionales de salud y operadores de justicia, así como medidas de reparación individual para las víctimas, incluyendo acompañamiento psicológico y apoyo educativo.

Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señalan que América Latina y el Caribe tienen una de las tasas más altas de embarazos en niñas menores de 15 años. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un alto porcentaje de estos casos se relaciona con violencia sexual, lo que resalta la necesidad de estrategias de prevención y protección para menores de edad.

El movimiento «Son Niñas, No Madres» ha instado a Ecuador y Nicaragua a cumplir con las recomendaciones del Comité y ha hecho un llamado a la comunidad internacional para supervisar el cumplimiento de estas disposiciones. En el caso de Nicaragua, organizaciones han solicitado mayor vigilancia debido a las restricciones en el acceso a información y servicios relacionados con derechos sexuales y reproductivos.

Estas decisiones se suman a una condena emitida en 2023 por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas contra Perú, relacionada con un caso similar. La aplicación de estas resoluciones es obligatoria para los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su implementación será observada por organismos internacionales de derechos humanos.