A pocas horas de que se ejecute el Decreto Ejecutivo 500, mediante el cual se encargará la Presidencia de la República a Cynthia Gellibert, designada como vicepresidenta por el presidente Daniel Noboa, la actual vicepresidenta, Verónica Abad, calificó la medida como un “golpe de Estado” y acusó al Gobierno de atentar contra el orden constitucional.
En una rueda de prensa ofrecida este jueves, Abad afirmó: “En pocas horas se consumará el golpe de Estado planificado y anunciado por el presidente Daniel Noboa y su gabinete”. La vicepresidenta expresó que ha alertado repetidamente sobre lo que considera una ruptura del orden democrático y denunció que el Ejecutivo ha emprendido una persecución en su contra con el objetivo de “tomar por la fuerza el poder”.
Denuncia persecución y ratifica su postura constitucional
Abad recordó que en su calidad de vicepresidenta, está amparada por el artículo 146 de la Constitución, que establece su obligación de reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Sin embargo, señaló que ha enfrentado obstáculos legales y administrativos para ejercer su despacho vicepresidencial: “Me han impedido por la fuerza asumir incluso mi despacho, teniendo la sentencia de una jueza. Hay un proceso de sedición activo ahí”.
La vicepresidenta enfatizó que la responsabilidad de actuar recae ahora en las principales instituciones del Estado: la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y otros organismos de control. “Ustedes están obligados a impedir esta escala dictatorial. Tienen que accionar”, exhortó.
Al ser consultada sobre si acudirá a la Vicepresidencia cuando se oficialice el encargo a Gellibert, Abad sostuvo que corresponde a las instituciones hacer valer el Estado de derecho y no a ella de manera directa.
Acciones legales en curso
La abogada de Abad, Dominique Dávila, informó que esta misma jornada se presentó una acción constitucional de medida cautelar con acción de protección ante la Función Judicial. La medida solicita la suspensión provisional de los decretos presidenciales 494, que designa a Cynthia Gellibert como vicepresidenta, y 500, que le encarga la Presidencia.
Dávila argumentó que ambos decretos vulneran derechos políticos, a la dignidad y al trato igualitario de Abad. También cuestionó que ni Gellibert ni su predecesora, Sariha Moya, cumplieron con el requisito constitucional de ser ministras antes de asumir el cargo vicepresidencial.
“Es curioso que cuando la ley establece que estas vicepresidentas deben ser ministras, ninguna de las dos lo es. Esto evidencia una clara violación a las disposiciones legales”, afirmó la jurista, quien además señaló que ya existe competencia radicada en el Tribunal de Garantías Penales de Quito para tramitar la solicitud.
La situación genera incertidumbre política y jurídica en el país, con repercusiones que podrían marcar el rumbo del actual Gobierno en los próximos días.
