El debate por la reforma económica urgente al COOTAD escaló en Quito luego de que autoridades municipales advirtieran que la obligación de destinar al menos el 70% del presupuesto a inversión pública pondría en riesgo el funcionamiento de colegios municipales como el Benalcázar, Eugenio Espejo y Sucre.
Sin embargo, la revisión de la Proforma Presupuestaria 2026 del Municipio muestra un escenario distinto al planteado públicamente.
¿Cuánto destina Quito a educación?
La Proforma 2026 establece un presupuesto total de inversión de USD 607,8 millones.
De ese monto, el sector Educación, Recreación y Deporte tiene asignados USD 16.231.891, lo que representa aproximadamente el 2,7% del total del presupuesto de inversión.
En contraste, el sector Movilidad concentra más del 53% del presupuesto de inversión, con USD 326,5 millones.
Las cifras evidencian que educación no es el rubro predominante dentro del esquema de inversión municipal.
El Municipio supera el mínimo social exigido por ley
El COOTAD exige que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen al menos el 10% de sus ingresos no tributarios a grupos de atención prioritaria.
La proforma 2026 de Quito asigna USD 101,3 millones a estos grupos, equivalente al 14,3% de los ingresos no tributarios municipales, superando el mínimo legal.
Esto incluye recursos destinados a niñez, juventud, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia y otros sectores vulnerables.
¿Dónde estaría el impacto real?
La reforma no elimina la inversión en educación ni en infraestructura escolar. Lo que establece es un límite al gasto corriente (sueldos y funcionamiento administrativo) del 30% del presupuesto.
Si parte del sostenimiento de las unidades educativas municipales depende principalmente de gasto corriente, el Municipio tendría que reorganizar su estructura financiera. No obstante, la ley no dispone el cierre automático de instituciones educativas.
Convocatoria a marcha y clima de tensión
En medio de la controversia, desde la Secretaría de Educación del Municipio se estaría alertando a las autoridades de los colegios municipales sobre un supuesto riesgo inmediato para las instituciones, convocando incluso a una marcha prevista para este sábado 14 de febrero.
Según fuentes consultadas, el llamado a movilización se estaría difundiendo bajo el argumento de una afectación directa a los planteles, pese a que el proyecto de ley aún se encuentra en debate legislativo y no contempla disposiciones específicas de cierre de colegios.
Analistas señalan que cualquier eventual impacto dependería de la estructura interna del gasto municipal y no de una disposición explícita de eliminación de unidades educativas.
Autonomía y regla fiscal en el centro del debate
La discusión combina elementos técnicos y políticos. Desde el Ejecutivo se defiende la reforma como una medida para priorizar inversión pública y reducir gasto corriente excesivo. Desde el Municipio se sostiene que la norma podría afectar la autonomía administrativa y la sostenibilidad de servicios.
Por ahora, las cifras oficiales muestran que la inversión en educación representa una porción menor dentro del presupuesto total de inversión municipal. El debate de fondo no es únicamente cuánto se asigna, sino cómo está estructurado el gasto y qué ajustes serían necesarios si la reforma entra en vigencia.
Mientras el proyecto continúa su trámite, el pulso entre Gobierno y Municipio ya se trasladó al terreno político y social.
