La Prefectura de Pichincha ha lanzado una alerta grave: no podrá cumplir con el pago de sueldos a su personal este fin de mes, debido a una deuda acumulada de más de $31 millones por parte del Gobierno Nacional.
Según el comunicado oficial, el monto adeudado asciende a $31’789.622,28, correspondiente a transferencias impagas del Modelo de Equidad Territorial (MET) de los meses de noviembre y diciembre de 2024, y marzo, abril y mayo de 2025. A esto se suman retrasos en el Fondo de Desarrollo para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (FINGAD) y devoluciones del IVA.
“Esta falta de liquidez afecta directamente al personal médico, obreros, servidores públicos y empleados de empresas públicas adscritas, y pone en riesgo el cumplimiento de contratos y obras en marcha en la provincia”, advirtió la Prefectura.
Además de los sueldos, la institución provincial advirtió que el retraso compromete el pago a proveedores y podría detener proyectos clave para Pichincha.
La Prefectura exigió al Gobierno Nacional cumplir con sus obligaciones establecidas en el COOTAD, para evitar el deterioro institucional y social que implica dejar sin salario a miles de trabajadores públicos.
Cifras nacionales en rojo
El contexto financiero es alarmante. Según el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, las cuentas por pagar acumuladas del Estado hasta abril de 2025 ascienden a $4.563 millones.
De estos, $558 millones corresponden a transferencias pendientes con gobiernos locales —como prefecturas, municipios y juntas parroquiales—, reflejando una crisis de liquidez generalizada.
Carrera estima que, si entre enero y abril el déficit fiscal ya fue de $1.107 millones, para finales de año podría superar los $5.500 millones, dejando al país con una necesidad de financiamiento de más de $18.000 millones para cerrar 2025.
Silencio del Ministerio de Economía
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido ninguna respuesta sobre los señalamientos de la Prefectura ni sobre el creciente atraso en las transferencias a los gobiernos locales.
