El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente en materia económica con un objetivo directo: obligar a los gobiernos locales a destinar la mayor parte de sus recursos a obras y servicios, y no al gasto administrativo.
La iniciativa busca que municipios, prefecturas y juntas parroquiales utilicen al menos el 70% de su presupuesto no financiero en inversión pública, mantenimiento y reposición de infraestructura. El gasto corriente —sueldos, salarios y administración— quedaría limitado al 30%.
Según el Ejecutivo, la propuesta responde a un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década: pese al aumento sostenido de transferencias desde el Presupuesto General del Estado, los resultados en servicios básicos e infraestructura siguen siendo limitados.
Mucho presupuesto, poca ejecución
Datos oficiales muestran que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) apenas destinan, en promedio, el 39% de sus recursos a inversión real. El resto se concentra en gasto corriente.
En la última década, la ejecución del presupuesto de inversión de los gobiernos locales no ha superado el 60% y, en varios años, cayó por debajo del 40%. Solo en 2022, más de USD 2.600 millones aprobados para obras no llegaron a ejecutarse.
Desde el Gobierno se sostiene que el problema no es la falta de dinero, sino la incapacidad de convertir los recursos en infraestructura tangible. Nóminas elevadas, consultorías, eventos y gastos administrativos absorben buena parte del presupuesto, mientras persisten déficits en agua potable, alcantarillado y vialidad.
Ecuador, rezagado en gasto local
El planteamiento del Ejecutivo coincide con evaluaciones regionales que ubican a Ecuador entre los países con peor calidad de gasto subnacional en América Latina. El diagnóstico apunta a tres fallas recurrentes: exceso de gasto corriente, baja ejecución de inversión y debilidad técnica para planificar proyectos.
A diferencia de otros países de la región, el modelo ecuatoriano sigue siendo altamente dependiente de transferencias estatales y poco eficiente en la generación de activos públicos duraderos.
Cómo funcionaría la nueva regla
La ley no elimina las transferencias a los gobiernos locales, pero sí condiciona el acceso a los montos superiores al mínimo constitucional. Quienes no cumplan con la regla de inversión solo recibirán el piso garantizado por la Constitución, y no el excedente previsto en el Cootad.
La aplicación será progresiva:
- 60% de inversión en 2027
- 65% en 2028
- 70% desde 2029
Las juntas parroquiales rurales tendrán plazos más amplios, considerando su menor capacidad operativa.
Rechazo desde los municipios
La propuesta ha generado resistencia en varios gobiernos locales. Alcaldes y representantes municipales sostienen que el diagnóstico del Ejecutivo no toma en cuenta factores clave, como los retrasos en las transferencias del Gobierno central, que afectan directamente la ejecución presupuestaria.
También cuestionan que una regla rígida se aplique por igual a grandes ciudades y pequeños cantones, muchos de los cuales arrastran estructuras heredadas y limitaciones técnicas. Otro punto de conflicto es la calificación del proyecto como ley económica urgente, ya que la propia norma establece una transición hasta 2029.
Además, los municipios advierten que la iniciativa podría afectar la autonomía de los GAD al otorgar mayor control al Ministerio de Economía sobre reformas presupuestarias, atribución que hoy corresponde a los concejos locales.
El trasfondo
En los últimos dos años, los gobiernos locales recibieron más de USD 6.400 millones en transferencias del Gobierno central: USD 3.024 millones en 2024 y USD 3.455 millones en 2025. Para el Ejecutivo, esos recursos deben reflejarse en obras visibles. Para los municipios, la discusión no puede desligarse de la estabilidad financiera y el respeto a la descentralización.
La Asamblea tendrá ahora el reto de definir si la eficiencia del gasto justifica una intervención más estricta sobre los presupuestos locales
