México depende en gran medida del gas de Texas y abre el debate sobre el fracking para reducir su vulnerabilidad energética, en un giro que marca un cambio importante en su política energética.
Actualmente, el país importa alrededor del 70%-75% del gas natural que consume, y la gran mayoría proviene de Estados Unidos, especialmente del estado de Texas, convertido en su principal proveedor.
Esta dependencia es crítica porque el gas es clave para la generación eléctrica y la industria. De hecho, México consume cerca de 9.000 millones de pies cúbicos diarios pero produce solo una fracción, lo que lo obliga a recurrir masivamente a importaciones.
El problema es que esta relación lo vuelve vulnerable a factores externos. Un ejemplo claro ocurrió en 2021, cuando una tormenta invernal en Texas interrumpió el suministro y dejó a millones de mexicanos sin electricidad, evidenciando la fragilidad del sistema energético.
Frente a este escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha planteado la posibilidad de impulsar la producción nacional de gas mediante el uso de fracturación hidráulica, conocida como fracking, con el objetivo de alcanzar mayor “soberanía energética”.
El fracking consiste en extraer gas de yacimientos no convencionales mediante la inyección de agua, arena y químicos a alta presión. Esta técnica permitiría aprovechar grandes reservas que México tiene pero que hasta ahora no ha explotado a gran escala.
Sin embargo, el plan ha generado una fuerte polémica. Organizaciones ambientales y expertos advierten que el fracking puede contaminar fuentes de agua, aumentar las emisiones de metano y agravar problemas como la escasez hídrica, especialmente en regiones del norte del país.
Además, la propuesta representa un giro político significativo. Durante años, el fracking fue rechazado por gobiernos anteriores, pero la actual administración lo considera ahora como una opción necesaria ante la creciente demanda energética y la dependencia externa.
El gobierno ha intentado matizar la medida, señalando que se evaluarán métodos “más limpios”, como el uso de agua no potable y la reducción de químicos. México enfrenta un dilema complejo: mantener su dependencia del gas extranjero o asumir los riesgos ambientales de producirlo internamente.
