Mientras algunos pobladores aseguran que la presencia militar trajo tranquilidad a la comuna Juntas del Pacífico, otros denuncian daños ambientales y violación a su territorio ancestral.
La construcción de la Cárcel del Encuentro, el nuevo centro de máxima seguridad del Gobierno, ha dividido a los habitantes de la comuna Juntas del Pacífico, en Santa Elena. Para unos, el penal significó el regreso de la calma; para otros, la pérdida de su territorio y el miedo a una posible contaminación ambiental.
Desde junio de 2024, cuando comenzaron las obras, la zona se militarizó. Tanques, retenes y patrullas se convirtieron en parte del paisaje de este pequeño poblado que pertenece a la parroquia Simón Bolívar. Hoy, más de 300 de los reos más peligrosos del país ya cumplen condena dentro del complejo penitenciario, que está diseñado para 800 internos.
“Antes robaban y pedían vacuna. Ahora hay militares por todos lados y estamos más tranquilos”, contó Esteban L., uno de los vecinos del sector.
Su testimonio coincide con el de varios comuneros que aseguran que la presencia de las Fuerzas Armadas redujo los asaltos y extorsiones. Algunos incluso encontraron trabajo temporal durante la construcción. Sin embargo, no todos lo ven como una bendición.
El lado oculto: reclamos y contaminación
Mientras unos agradecen la calma, otros alzan la voz. Líderes de comunidades cercanas, como Bajada de Chanduy, denuncian que la cárcel se levantó en un territorio ancestral huancavilca sin el consentimiento de sus habitantes.
Carola Cabrera, una de las representantes comunales, anunció que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Nos están matando. El río Las Negras, de donde bebemos y regamos, está recibiendo aguas negras de la cárcel”, dijo Cabrera a la agencia EFE.
Los comuneros aseguran que el proyecto ha generado impactos ambientales y sociales que el Estado ha ignorado. “Hemos agotado todas las instancias en el país”, señaló Cabrera, al anunciar la denuncia internacional.
Un fortín de acero
La Cárcel del Encuentro, construida con una inversión de 52 millones de dólares, cuenta con cinco pabellones octogonales, seis torres de vigilancia, canchas, áreas de visita y zonas legales. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el penal tiene anillos de seguridad, vigilancia aérea y espacio aéreo restringido.
“Podemos derribar drones no autorizados que sobrevuelen la zona”, advirtió Reimberg, al referirse al control militar en el perímetro.
El acceso es limitado. Solo personal militar o autorizado puede ingresar. A pocos kilómetros del recinto, los controles se multiplican: sacos de arena, filtros de seguridad y vehículos del Ejército se mantienen activos las 24 horas.
Entre la calma y la tensión
Para algunos, Juntas del Pacífico ahora es un pueblo más seguro. Para otros, un territorio sitiado. La cárcel, inspirada en el modelo de El Salvador, promete ser el centro de reclusión más estricto del país, pero a su alrededor quedan preguntas sin resolver: ¿puede haber paz cuando el precio es el silencio de los pueblos?
