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El Consejo de la Judicatura necesita USD 64,02 millones para ejecutar sus proyectos de inversión en 2027; sin embargo, el techo presupuestario inicial establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas asciende a apenas USD 27.572.
La diferencia representa una brecha de USD 63,99 millones. En términos porcentuales, la asignación inicial cubre solo el 0,043 % de los recursos requeridos por la institución para el próximo año.
Los datos constan en la Proforma del Plan Anual de Inversión (PAI) 2027, aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante la Resolución 131-2026 y publicada en el Registro Oficial 335, del 28 de julio de 2026.
El documento señala que la limitada asignación impidió priorizar obligaciones contraídas y actividades consideradas indispensables para el funcionamiento de la institución a escala nacional.
Judicatura advierte riesgos para el servicio judicial
En su informe, la Dirección Nacional de Planificación sostiene que la disminución sistemática de los recursos destinados a inversión pone “en serios riesgos” la calidad y continuidad de los servicios judiciales.
La institución considera que esta situación resulta especialmente preocupante ante el incremento de la violencia criminal en Ecuador y la necesidad de contar con un sistema de justicia eficiente.
La falta de financiamiento afectaría proyectos relacionados con infraestructura judicial, equipamiento, modernización tecnológica, seguridad informática y digitalización de los procesos.
El Consejo también advierte que el monto inicialmente asignado no permite cubrir adecuadamente las brechas logísticas y de infraestructura existentes en las diferentes dependencias judiciales del país.
Transformación tecnológica, el proyecto más afectado
El proyecto que concentra la mayor necesidad de recursos es la transformación tecnológica del Consejo de la Judicatura, para el cual se requieren USD 44,63 millones. Según la proforma, este componente no registra recursos dentro del techo inicial asignado.
La iniciativa contempla, entre otras acciones:
- Renovar la infraestructura tecnológica institucional.
- Modernizar los centros de datos principal y alterno.
- Adquirir equipos de procesamiento y almacenamiento.
- Fortalecer la ciberseguridad.
- Actualizar las plataformas de red.
- Contratar licencias y servicios de videoconferencia.
- Avanzar hacia un expediente judicial completamente digital.
- Automatizar procesos y mejorar los tiempos de respuesta.
Solo la adquisición de equipos de procesamiento para el centro de datos principal requeriría USD 4,29 millones, mientras que la compra de impresoras multifunción para las direcciones provinciales está valorada en USD 3,05 millones.
Infraestructura judicial también queda sin cobertura
La planificación incorpora además proyectos para crear, mejorar y repotenciar infraestructura civil judicial.
Entre las intervenciones señaladas constan trabajos en la Unidad Judicial de Francisco de Orellana, la repotenciación de la Unidad Judicial Multicompetente de Pedro Moncayo, en Tabacundo, y los estudios para construir una unidad judicial en el cantón Rioverde, provincia de Esmeraldas.
Asimismo, se contemplan USD 1,84 millones para un proyecto destinado a optimizar y crear unidades judiciales, incluyendo infraestructura y equipamiento.
El documento aclara que parte de los requerimientos corresponde a proyectos ejecutados en administraciones anteriores que todavía mantienen contratos u obligaciones pendientes de pago.
Judicatura buscará aumento presupuestario
La Dirección Nacional de Planificación recomendó que las autoridades del Consejo de la Judicatura realicen gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para conseguir un incremento del techo presupuestario.
El objetivo será asegurar recursos para los nuevos proyectos estratégicos y para cubrir obligaciones pendientes, además de atender las necesidades logísticas, tecnológicas y de infraestructura del sistema judicial.
La asignación de USD 27.572 corresponde al techo inicial comunicado por Finanzas para elaborar la proforma, por lo que todavía podrá modificarse durante el proceso de formulación y aprobación del Presupuesto General del Estado de 2027.
El Pleno de la Judicatura aprobó la proforma el 15 de julio de 2026. La resolución dispone que su ejecución dependerá de los recursos finalmente asignados y de la priorización de los proyectos por parte de las instituciones responsables de la planificación y las finanzas públicas.
Fuente: Registro Oficial 335 y Resolución 131-2026.
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