Ecuador vive una situación inédita con dos vicepresidentas en funciones: Verónica Abad, actualmente suspendida, y Sariha Moya, quien asumió la Vicepresidencia de forma temporal. Juristas señalan que el Ejecutivo tiene hasta febrero de 2025 para enviar una terna a la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
La sanción administrativa de 150 días contra Abad se dictó bajo la Ley Orgánica de Servicio Público, ya que la vicepresidenta no se presentó en la Embajada de Turquía el 1 de septiembre, fecha estipulada por la Cancillería. Aunque Abad llegó a Ankara el 9 de septiembre, el Ministerio del Trabajo interpretó su ausencia como un «abandono injustificado de trabajo» según el artículo 48 de la normativa.
Esta suspensión ha generado debate sobre la legalidad y ética de la medida. En paralelo, la Casa Militar Presidencial confirmó que Abad mantendrá su seguridad oficial, rectificando declaraciones anteriores del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, Abad ha anunciado que pedirá medidas cautelares ante la CIDH y la justicia ordinaria, buscando anular la suspensión.
