Una denuncia por presunto peculado presentada en la Fiscalía General del Estado vuelve a colocar bajo escrutinio a la administración municipal de Quito. El concejal Wilson Merino acudió al Ministerio Público para que se investigue al alcalde Pabel Muñoz y a varios funcionarios por posibles irregularidades en la adquisición de trolebuses eléctricos para el sistema de transporte capitalino.
La denuncia, ingresada el 20 de enero de 2026, se apoya en un informe de la Contraloría General del Estado, que identificó indicios de responsabilidad penal en la contratación, ejecución y supervisión del proceso, además de un perjuicio económico superior a los USD 2,5 millones.
De acuerdo con el documento, el Municipio optó por un Memorándum de Acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para la compra de los trolebuses, pese a que estos bienes eran considerados normalizados y debían adquirirse mediante subasta inversa. La Contraloría concluyó que no existió sustento técnico, financiero ni legal suficiente para ese mecanismo y que el proceso avanzó sin una supervisión adecuada del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq).
Uno de los hallazgos centrales señala que los costos de implementación e indirectos pagados a Unops, por USD 2’552.307,83, carecen de respaldos documentales que expliquen su cálculo o su relación directa con productos o servicios entregados, lo que configuraría un perjuicio para el Estado.
El informe también advierte incumplimientos técnicos relevantes: los trolebuses no cumplirían 15 de las 80 especificaciones contractuales, incluidas exigencias vinculadas a seguridad, como el sistema electrónico de estabilidad, sistemas eléctricos, salidas de emergencia y elementos estructurales de la carrocería. Estas deficiencias, según Contraloría, ponen en riesgo la integridad de los usuarios.
En su denuncia, Merino sostiene que acudió a la vía penal tras no observar medidas correctivas desde la Alcaldía frente a los hallazgos del organismo de control. La acción alcanza, además del alcalde Muñoz, a gerentes, coordinadores y técnicos de áreas de planificación, operaciones, finanzas y jurídica de la Epmtpq, así como a quienes aprobaron pliegos, diseños y actas de recepción.
La Fiscalía deberá ahora calificar la denuncia, asignar un fiscal y definir las primeras diligencias investigativas por el presunto delito de peculado, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Hasta el cierre de esta nota, el Municipio de Quito y Unops no se habían pronunciado públicamente sobre la denuncia.
