Muchos dicen que votarán NO como rechazo al autoritarismo, la corrupción y la inseguridad.
Pero ese discurso ignora un hecho simple: todo eso ocurrió con el marco legal que hoy se quiere mantener intacto.
No se puede culpar a la reforma por los errores que nacieron bajo las reglas actuales.
Un sistema que permitió corrupción sin frenos
Los casos Petroecuador, Odebrecht y los sobreprecios multimillonarios dejaron más de USD 2.500 millones en pérdidas.
Todo sucedió con esta misma Constitución y con instituciones incapaces de controlar el poder que debían fiscalizar.
La inseguridad explotó bajo estas mismas reglas
En 2016 Ecuador cerró con 5 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En 2023 fueron 46. Un incremento de casi 900%.
No por reformas, sino por un sistema legal que no dio herramientas reales para enfrentar al crimen organizado ni controlar las cárceles.
Retroceso social con la legislación intacta
Con esta misma estructura jurídica, la inversión social cayó casi 30% entre 2015 y 2017, mientras la deuda del país superó los USD 60.000 millones sin mecanismos efectivos de control y transparencia.
El NO como gesto simbólico que no soluciona nada
Votar NO no arregla la inseguridad.
No combate la corrupción.
Solo mantiene el mismo modelo institucional que permitió que todo se derrumbe.
No es un acto de resistencia: es un ancla al pasado.
Lo que realmente está en juego
No es un gobierno.
No es un bando político.
Es la oportunidad de corregir un sistema que ya demostró ser insuficiente para la magnitud del problema que enfrenta el país.
Cambiar no es peligroso; repetir errores sí
Debatir cada pregunta es válido.
Pero defender a ciegas un esquema que fracasó no es defender la democracia, es condenarla a la parálisis.
Ecuador no puede darse el lujo de seguir operando con reglas que ya demostraron que no funcionan.
Cambiar el sistema no garantiza milagros, pero no cambiar nada garantiza que todo siga igual.
