El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, firmó el Decreto Ejecutivo N.º 21, con el objetivo de consolidar políticas de atención prioritaria a grupos vulnerables y fortalecer la seguridad ciudadana en el país. El decreto detalla una serie de obligaciones estatales que buscan garantizar derechos como salud, educación, seguridad y protección contra la violencia, en especial para niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y privados de libertad.
Entre los puntos clave, se refuerza el principio de doble vulnerabilidad, priorizando a quienes enfrentan múltiples condiciones de riesgo como víctimas de violencia, desastres o enfermedades catastróficas. También se destacan obligaciones intersectoriales para asegurar el desarrollo integral de la infancia, en entornos seguros y culturalmente adecuados.
Uno de los apartados más relevantes del decreto subraya el deber del Estado de prevenir y sancionar toda forma de violencia, incluyendo la explotación sexual, el trabajo infantil, la trata de personas y el reclutamiento forzado de menores, tipificados como delitos con penas privativas de libertad de hasta 16 años.
En el campo de la seguridad, el documento establece que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas deben actuar con apego a los derechos humanos, y que su formación se basará en principios democráticos. Además, se delega al Ministerio del Interior la responsabilidad de coordinar planes y políticas en materia de protección interna y orden público, en articulación con los gobiernos autónomos descentralizados.
Desde Periodismo Ecuador destacamos que, si bien el decreto enuncia principios clave y ratifica compromisos constitucionales, no genera un impacto fiscal adicional, lo cual podría poner en duda su ejecución efectiva en contextos de crisis presupuestaria.
El decreto fue firmado electrónicamente y validado mediante el sistema de FirmaEC, consolidando su vigencia administrativa.
