La Corte Constitucional llama la atención al Ejecutivo por el estado de excepción y restringe medidas clave
Este 21 de noviembre de 2024, la Corte Constitucional (CC) emitió su dictamen sobre el más reciente estado de excepción declarado por el presidente Daniel Noboa, y, como en ocasiones anteriores, cuestionó algunos de sus alcances. La decisión llega en un momento crítico: a pocas horas de nuevas protestas anunciadas en Quito contra el Gobierno.
Lo que aprobó la Corte
El estado de excepción fue considerado constitucional únicamente bajo la causal de “grave conmoción interna”. Esto permite suspensiones focalizadas de derechos, como la inviolabilidad del domicilio para allanamientos y el derecho a la libertad de tránsito en zonas específicas, incluyendo toques de queda en 19 cantones y una parroquia.
Sin embargo, la Corte declaró inconstitucional la medida sustentada en “conflicto armado interno”, un argumento que el Gobierno ha intentado justificar en repetidas ocasiones sin éxito.
Lo que rechazó la Corte
El revés más importante afecta directamente las advertencias realizadas por la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien en la víspera recordó a los ciudadanos que el estado de excepción limitaba derechos de asociación y reunión. La CC declaró inconstitucionales medidas como:
• La suspensión del derecho a la libertad de reunión para evitar posibles amenazas al orden público.
• Las requisiciones de armas, municiones o explosivos sin permisos.
• La movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado.
Contexto de los estados de excepción
La Corte también hizo un llamado de atención al Ejecutivo. En su dictamen, recordó que 2024 ha sido un año marcado por estados de excepción casi ininterrumpidos. Al finalizar el decreto vigente, la población habrá pasado nueve de los 11 meses bajo esta medida. La Corte exhortó al Gobierno a utilizar mecanismos del régimen ordinario para enfrentar la crisis de violencia.
Quito en tensión
Mientras tanto, en Quito, las autoridades han restringido el acceso al Centro Histórico en previsión de las protestas, las cuales ponen a prueba la capacidad del Gobierno de mantener el orden en un ambiente político cada vez más tenso.
