Una propuesta legal enciende el debate: el proyecto de Ley de Integridad Pública, que se votará este martes 24 de junio en la Asamblea Nacional, podría abrir la puerta para que algunas cooperativas de ahorro y crédito se transformen en bancos privados. Y no por decisión propia, sino por mandato técnico.
El artículo en cuestión establece que ciertas cooperativas —por su tamaño, nivel de interconexión o riesgo sistémico— podrían ser obligadas a convertirse en sociedades anónimas del sistema financiero privado, bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Bancos.
La evaluación de qué cooperativas deberían dar este salto estructural estaría a cargo de una nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que reemplazaría a las actuales Juntas de Política Monetaria y Financiera. Aunque este nuevo organismo aún no entra en funciones, el solo planteamiento de esta figura revive un debate con historia: ¿deberían las cooperativas grandes operar con las mismas reglas que un banco?
Una vieja discusión con nuevas implicaciones
Desde hace años, analistas y autoridades han señalado que algunas cooperativas del segmento 1 tienen niveles de activos, cobertura y operaciones similares a las de los bancos, pero operan bajo una regulación más laxa. La anterior Junta de Política Financiera incluso emitió resoluciones que exigían a las entidades de importancia sistémica fortalecer su capital, como paso previo a un eventual cambio de categoría.
Sin embargo, el nuevo proyecto va más allá: no se trata solo de aumentar exigencias, sino de permitir —e incluso forzar— una transformación jurídica completa.
Las cooperativas responden: «No somos bancos»
El sector cooperativo ya ha reaccionado con firmeza. Varias organizaciones han advertido que esta medida podría borrar el modelo solidario que las define: participación democrática, ausencia de fines de lucro y una misión clara de inclusión financiera en zonas donde la banca tradicional no llega.
«Transformarnos en bancos sería traicionar nuestra razón de ser», señaló un vocero de una de las cooperativas más grandes del país, que prefirió mantener el anonimato hasta conocer el resultado de la votación.
Una ley con varias capas
El Proyecto de Ley de Integridad Pública tiene como objetivo central la reforma del sistema de contratación pública, en un intento por combatir la corrupción. Pero también incluye cambios estructurales en el sistema financiero: desde la creación de una nueva junta reguladora hasta el nombramiento del gerente del Banco Central por parte del presidente de la República, lo que ha generado alertas sobre una posible concentración de poder en el Ejecutivo.
El artículo que permitiría la conversión de cooperativas en bancos es apenas uno de muchos. Pero su impacto podría ser enorme: cambiar no solo el esquema operativo de varias entidades, sino el equilibrio entre banca privada y sector cooperativo en Ecuador.
¿Se avecina una nueva era para las cooperativas o una amenaza a su esencia? La votación de este martes será clave para definirlo.
