Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa dio luz verde al informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), calificado como urgente en materia económica. La propuesta apunta a reorganizar el gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y priorizar la inversión en servicios básicos e infraestructura.
El proyecto incorpora reglas fiscales obligatorias que buscan asegurar que los recursos públicos se destinen principalmente a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, así como a la prestación eficiente de servicios para la ciudadanía. Entre los cambios más relevantes está la reforma al artículo 192 del COOTAD, que mantiene la participación de los GAD en el 21 % de los ingresos permanentes y el 10 % de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado, pero condiciona la asignación al cumplimiento de una nueva regla mínima de inversión.
Según el texto aprobado por la comisión, los gobiernos provinciales y municipales deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto anual codificado de egresos no financieros a inversión y mantenimiento de infraestructura y activos públicos directamente vinculados a servicios esenciales. La norma contempla una aplicación progresiva: en 2026 se exigirá un mínimo del 65 % (desde junio), en 2027 el 68 %, y a partir de 2028 se deberá cumplir plenamente con el 70 %.
El informe también amplía la definición de grupos de inversión e incorpora la “Contratación de Estudios, Investigación y Servicios Técnicos Especializados” como categoría válida dentro de este rubro.
En materia de control y transparencia, la propuesta obliga a los GAD a publicar trimestralmente en sus portales institucionales el indicador de gasto y las acciones adoptadas para cumplir con la regla fiscal. Además, el ente rector de las finanzas públicas elaborará reportes trimestrales de seguimiento y, de detectarse incumplimientos, aplicará los porcentajes constitucionales de asignación e informará a la Contraloría General del Estado.
Las disposiciones transitorias establecen lineamientos técnicos para estandarizar anexos presupuestarios y prevén un régimen especial para el presupuesto prorrogado de 2027.
Durante la sesión, el presidente encargado de la comisión, Diego Franco, sostuvo que la reforma no afecta la autonomía ni reduce recursos de los GAD, sino que busca ordenar el uso de los fondos públicos. Según explicó, el análisis técnico evidenció que en varios territorios persisten deficiencias en servicios básicos como agua potable, alcantarillado y vialidad, lo que, a su criterio, obliga a priorizar estos sectores por encima de otros gastos.
El proyecto pasará ahora al Pleno de la Asamblea Nacional para su primer debate, en medio de un contexto en el que el Ejecutivo insiste en la necesidad de optimizar el gasto público y acelerar resultados concretos en los territorios.
