En medio de la creciente presión por recuperar el control del territorio ante el avance del crimen organizado, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate, con 82 votos afirmativos, una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución. La medida —impulsada por el Ejecutivo— permite establecer acuerdos de cooperación internacional que, en la práctica, abren la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en el país.
Según lo debatido, el objetivo de esta reforma es fortalecer la seguridad nacional a través del intercambio de inteligencia, asistencia técnica y transferencia tecnológica. La legisladora oficialista Nataly Morillo, ponente del informe, sostuvo que con esta reforma “el Estado ecuatoriano dará un paso importante” para enfrentar delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.
La narrativa dominante en el pleno apuntó a que el país se enfrenta a “ejércitos criminales” con armamento de guerra, estructuras financieras transnacionales y una violencia que ya se siente en las calles. Se recordó incluso que durante la operación de la Base de Manta —vigente hasta 2009— las incautaciones de cocaína se habrían incrementado en un 498 %, argumento que vuelve a la mesa para justificar la urgencia de cooperación militar.
Pero no todos los legisladores están convencidos de que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad. Nuria Butiñá, legisladora opositora, advirtió que este cambio constitucional podría abrir la puerta a decisiones coyunturales que comprometan de manera irreversible la soberanía territorial y militar del Ecuador.
La reforma se debatió a partir del proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa el 17 de octubre de 2024, y fue avalada por la Corte Constitucional. Según el artículo 442 de la Carta Magna, ahora se deberá convocar a un referéndum en un plazo no mayor a 45 días. La decisión final estará en manos de los ecuatorianos, quienes deberán decidir si la lucha contra el crimen justifica o no una cesión parcial de soberanía.
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