A pocas semanas de que el Consejo Nacional Electoral declare oficialmente el período electoral rumbo a las elecciones seccionales de 2027, un grupo de abogados, académicos y representantes de la sociedad civil solicitó que los actuales consejeros del organismo den un paso al costado, como una medida que consideran “urgente” para recuperar la credibilidad y estabilidad del sistema electoral.
El pronunciamiento también apunta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y a la Comisión Ciudadana de Selección para la Renovación Parcial del CNE, a quienes piden evitar dilaciones que —según advierten— profundizan el desgaste institucional y la desconfianza ciudadana.
Entre los firmantes del comunicado constan Medardo Oleas, exvicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral; el académico Alfredo Espinosa; y juristas como Pablo Piedra y Anabell Guerrero. En el documento sostienen que la democracia no puede sostenerse sobre prórrogas injustificadas ni sobre autoridades sin legitimidad social, y subrayan la necesidad de contar con un árbitro electoral independiente y confiable.
Los firmantes recuerdan que el escenario actual se ve marcado por los antecedentes de las elecciones anticipadas de 2023, en las que se cuestionó el control al financiamiento político. Estas observaciones dieron paso al denominado “Caso Caja Chica”, actualmente investigado por la Fiscalía General del Estado, y que derivó en allanamientos a dirigentes políticos, excandidatos y asambleístas.
En ese contexto, recalcan que el Código de la Democracia establece con claridad la potestad del CNE para fiscalizar el origen y destino de los recursos utilizados en campaña, atribución que —según señalan— no ha logrado disipar la percepción de falta de control y transparencia.
El comunicado también hace énfasis en los plazos incumplidos para la renovación parcial del CNE. De acuerdo con la Constitución y el Código de la Democracia, este proceso debía realizarse en noviembre de 2021 y nuevamente en noviembre de 2024, sin que hasta ahora se haya concretado, pese a que la normativa señala que dicha renovación no afecta la organización de los procesos electorales.
A esto se suma, según los firmantes, la falta de un proceso interno para la ratificación o cambio de las autoridades del organismo. Como resultado, afirman que el CNE se encuentra “rehén” de la prolongada permanencia de sus consejeros.
En el documento se menciona que Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Esthela Acero han superado el período correspondiente a tres administraciones gubernamentales consecutivas. A ellos se suma Elena Nájera, quien ocupa el cargo desde hace cerca de cuatro años tras cubrir la vacante dejada por Luis Verdesoto.
Finalmente, los representantes de la sociedad civil citaron resultados de una encuesta de Click Research que reflejarían el nivel de descontento ciudadano: el 75 % de los consultados considera necesaria la renovación del CNE, el 66,25 % pide la renuncia de todos sus consejeros y el 65,16 % cree que el organismo responde a intereses particulares y no al interés público.
