El Gobierno amplía el control policial en carreteras por amenaza del crimen organizado

El Gobierno de Ecuador renovó por dos años la política que permite a la Policía Nacional reforzar el control en varias carreteras estratégicas del país, bajo el argumento de combatir el avance del crimen organizado y fortalecer la seguridad en la red vial estatal.

La decisión fue oficializada este miércoles 6 de mayo de 2026 en el Registro Oficial No. 278, mediante un acuerdo firmado por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

El documento reconoce que existen vulnerabilidades en distintos tramos de la red vial estatal que podrían ser utilizadas por grupos delictivos organizados para evadir controles y movilizar actividades ilícitas.

La medida mantiene a la Policía Nacional liderando operativos de tránsito y seguridad vial en zonas consideradas prioritarias, en coordinación con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y otras entidades estatales.

Además, el acuerdo crea una mesa técnica permanente integrada por autoridades de transporte y seguridad, que tendrá la función de analizar reportes de impacto, evaluar indicadores de violencia y recomendar la ampliación de controles hacia nuevas rutas del país.

El informe técnico que motivó esta decisión sostiene que la Policía Nacional obtuvo resultados “eficaces” durante el ciclo operativo de 2025, por lo que se recomendó consolidar esta estrategia como una política pública permanente.

Entre las acciones anunciadas también consta la actualización de mapas y coordenadas de las denominadas “zonas priorizadas de seguridad”, especialmente en provincias como Manabí y sectores cercanos a Machala, donde las autoridades detectaron vacíos operativos que podrían ser aprovechados por organizaciones criminales.

Para Periodismo Ecuador, esta decisión refleja cómo la crisis de seguridad en el país ya no solo se concentra en cárceles o zonas urbanas, sino también en corredores viales considerados estratégicos para el transporte de mercancías, combustible y posibles operaciones ligadas al narcotráfico.

El acuerdo entró en vigencia desde su suscripción y se aplicará inicialmente durante los próximos dos años.

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