El Ministerio de Trabajo del Ecuador realizó una inspección en las instalaciones de la Prefectura de Pichincha luego de recibir denuncias de funcionarios que aseguraron haber sido presionados para asistir a una movilización política convocada por la prefecta Paola Pabón.
Según información difundida por la propia cartera de Estado, al llegar a las oficinas de la institución provincial los inspectores constataron que no había personal en varios puestos de trabajo, ya que muchos servidores públicos se encontraban participando en una marcha realizada el 3 de marzo de 2026 hacia la sede de la Corte Constitucional del Ecuador.
Marcha en defensa de acción contra reforma al Cootad
La movilización fue convocada por la prefecta Pabón para respaldar una acción pública de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional contra la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
La reforma, aprobada previamente por la Asamblea Nacional del Ecuador, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión en obras, reduciendo el margen de gasto corriente. El Ejecutivo ha defendido la medida como un mecanismo para priorizar infraestructura y obra pública en las provincias y municipios.
Denuncias de presión a funcionarios
Las alertas que motivaron la inspección surgieron tras denuncias internas de funcionarios que afirmaron haber recibido mensajes solicitando su presencia en la movilización, lo que habría generado cuestionamientos sobre si la convocatoria fue realmente voluntaria.
No es la primera vez que se plantean señalamientos de este tipo. En una movilización previa relacionada con la misma reforma al Cootad también circularon comunicaciones internas que pedían “apoyo y presencia”, lo que provocó críticas sobre un posible uso de la estructura institucional para fines políticos.
Investigación en curso
El Ministerio de Trabajo indicó que ahora se analizará si existió vulneración de derechos laborales o presión indebida sobre servidores públicos, así como si se produjo abandono de funciones durante la jornada laboral.
De confirmarse irregularidades, podrían abrirse procesos administrativos para determinar responsabilidades dentro de la institución provincial.
Mientras tanto, la Prefectura de Pichincha no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre el resultado de la inspección realizada por la cartera de Trabajo.
