El Ministerio de Gobierno de Ecuador emitió un comunicado oficial en el que destacó un importante avance en la lucha contra la corrupción y la injerencia política en la justicia. El documento celebra la decisión judicial que ha condenado a los responsables de manipular el sistema judicial a cambio de favores políticos, desmantelando una de las estructuras de corrupción más arraigadas en el país.

La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró culpables del delito de delincuencia organizada en calidad de líderes, dentro del llamado caso Purga, al exlegislador socialcristiano Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas María Fabiola Gallardo y al exjuez de Guayas Johann Marfetán. Los sentenciados deberán cumplir trece años y cuatro meses de prisión, además de pagar una multa de 40 salarios unificados básicos (SBU), equivalente a $18.800, y enfrentar 20 años de pérdida de derechos de participación.

El caso ha puesto en evidencia la forma en que redes de corrupción vinculadas a la política han operado dentro del sistema judicial. Según el comunicado, esta es una consecuencia directa de la intervención arbitraria en la justicia y de la captura del poder judicial por parte de mafias políticas.

“El Ecuador no puede ser rehén de jueces que dictan fallos a cambio de favores ni de estructuras políticas que operan en la sombra para garantizarse impunidad”, señala el Ministerio en su mensaje. Asimismo, advierte que no basta con encarcelar a algunos responsables y que el país no debe repetir casos como los de Muentes, Terán o Glas, considerados símbolos de una política corrupta y decadente.

El Gobierno ha reiterado su compromiso con la transformación de la justicia, asegurando que los ciudadanos merecen instituciones limpias y un Estado que trabaje en favor de la transparencia y la legalidad. “La era de los intocables ha terminado”, concluye el comunicado, en un claro mensaje a quienes aún intentan operar en la impunidad.

Este fallo judicial marca un hito en la lucha contra la narcopolítica en Ecuador y refuerza los esfuerzos del actual Gobierno por erradicar la corrupción dentro de las instituciones del país.