El próximo 12 de noviembre de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto pronunciarse sobre el pedido enviado por Mercedes Caicedo, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para que se autorice un proceso judicial en contra de la legisladora Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana (RC). La solicitud responde a una querella por supuesto delito de calumnia presentada a finales de octubre por el presidente Daniel Noboa.

Palacios confía en que la Asamblea no autorizará el retiro de su inmunidad. “Probablemente para el martes, eso es lo que me habían comunicado”, comentó, señalando que la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, llamaría a una sesión en la que se consultará al Pleno si procede o no con el retiro de inmunidad.

Para que la solicitud prospere, se requieren 92 votos de los 137 asambleístas. Palacios estima improbable alcanzar ese umbral, pues en la bancada de la Revolución Ciudadana suman 48 votos. Además, afirmó contar con el apoyo de legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, quienes han expresado su solidaridad.

Contexto del Caso

La legisladora se enteró de la querella el 6 de noviembre a través de los medios y confirmó luego que la Secretaría de la Asamblea recibió el pedido de la jueza Caicedo para proceder con la posible remoción de su inmunidad. Según Palacios, esta medida busca impedir su derecho a la fiscalización.

El caso se centra en unas declaraciones que Palacios hizo en Chone, Manabí, donde, en sus palabras, se refirió al presidente Noboa y al expresidente Guillermo Lasso como “ladrones”. “Sí, yo le dije eso”, comentó, alegando que sus declaraciones fueron en defensa de los derechos de los ecuatorianos.

Finalmente, Palacios cuestionó la claridad de los argumentos del abogado de Noboa, Fernando Yávar, al afirmar que sus declaraciones ocurrieron durante su sanción de dos meses como legisladora. “Yo sigo siendo asambleísta… el único que me puede revocar es el pueblo ecuatoriano”, enfatizó.