La tensión entre el sector del transporte y el Gobierno Nacional escala peligrosamente. Este martes, transportistas de Pichincha lanzaron una advertencia directa: si no se cancelan las compensaciones pendientes por el alza del diésel, el servicio podría suspenderse en cuestión de semanas.
Durante una rueda de prensa, dirigentes del gremio aseguraron que apenas podrían sostener la operación por 30 días más, debido al deterioro financiero que enfrentan. La eliminación del subsidio al diésel, sumada a la falta de pagos, ha puesto contra las cuerdas a las operadoras.
Deuda pendiente y sistema en riesgo
Según los transportistas, el Estado mantiene al menos un mes de retraso en la entrega de compensaciones económicas. Este mecanismo fue planteado por el Gobierno como una medida temporal tras la eliminación del subsidio, con una duración inicial de ocho meses y la posibilidad de extenderse por cuatro adicionales.
Sin embargo, la incertidumbre sobre su continuidad y los retrasos en los pagos han generado preocupación en el sector.
“Las unidades ya no tienen recursos para seguir trabajando”, advirtieron representantes de las operadoras, quienes insistieron en que no se trata de una medida de presión, sino de una imposibilidad económica real.
Reclamos al Gobierno y al Municipio
El gremio hizo un llamado directo al presidente Daniel Noboa para que garantice la continuidad de las compensaciones mientras se define una solución estructural.
Pero la presión no es solo al Ejecutivo. También apuntaron contra el alcalde Pabel Muñoz, a quien reclaman una reunión urgente para discutir alternativas que eviten un incremento en el pasaje.
Entre las propuestas planteadas está la activación efectiva del fondo de equilibrio tarifario, vigente desde 2022, que permitiría cubrir la brecha entre el costo real del servicio y la tarifa que pagan los usuarios.
Una “inequidad estructural” en el sistema
Uno de los puntos más críticos expuestos por los transportistas es la diferencia en los subsidios dentro del sistema de movilidad de Quito.
Mientras sistemas municipales como el Metro reciben hasta $1,29 por pasajero, los operadores privados —que movilizan cerca del 70% de los viajes diarios— no cuentan con un esquema similar de compensación por usuario.
Esta situación, según el gremio, genera una desigualdad estructural que afecta tanto a los operadores como a los ciudadanos, especialmente en sectores donde no existe cobertura de transporte masivo.
Problemas operativos que agravan la crisis
A la presión económica se suman condiciones operativas complejas:
- Falta de infraestructura adecuada, como paradas seguras
- Ausencia de carriles exclusivos
- Congestión vial constante
- Un sistema de control centrado en sanciones económicas
Estos factores, aseguran, reducen la eficiencia del servicio y aumentan los costos de operación.
Más de un millón de viajes en riesgo
El sistema de transporte privado en Quito está conformado por más de 3.500 unidades y 63 operadoras, que sostienen alrededor de 1,8 millones de viajes diarios.
Si no se llega a un acuerdo inmediato entre el Gobierno y el Municipio, el impacto sería masivo: desde retrasos y caos en la movilidad hasta una posible paralización del servicio.
El mensaje de los transportistas es claro y directo: la ciudad está frente a una crisis inminente, y las decisiones que se tomen en los próximos días definirán si Quito enfrenta o no un colapso en su sistema de transporte público.
